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05 de marzo del 2010
El Telégrafo
Con estas reformas, el sector prevé que la producción de los pequeños camaroneros se vea seriamente afectada. Subsecretaría de Acuacultura indica que los cambios al reglamento de la ley no son perjudiciales.
Absurda, preocupante y atentatoria para la producción del sector camaronero del país son -entre otros- los diversos calificativos que han generado las reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, que realizó el Gobierno, mediante Decreto Ejecutivo Nº 261, el 27 de febrero pasado.
De las 9 reformas efectuadas, el más polémico es el artículo 3, que sustituye los textos de los literales a y b del artículo 83 que señala: “El área que se otorgará a personas naturales será de 50 hectáreas como máximo, y no podrá ser mayor a esa extensión bajo ninguna circunstancia...”. Igual ocurre para las personas jurídicas, a quienes se concederán 250 hectáreas como máximo.
En ambos casos se prohíbe la vinculación con otras personas para obtener una extensión mayor a la señalada.
“Esto significará que el exceso de extensión a estos límites será inmediatamente revertido al Estado sin compensación alguna”, manifestó César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), quien subrayó que miles de productores camaroneros se perjudicarán con esta medida.
Ante ello, el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro, aclaró ayer a este medio que estas reformas buscan hacer cumplir el reglamento a la ley vigente desde el gobierno de Gustavo Noboa, pues -explicó- la única modificación que se hizo en el artículo 83 fue incluir la prohibición para que personas o empresas se vinculen para tener más hectáreas.
Y en base a aquello, el Estado -dijo Centanaro- quiere dar equidad “al derecho de la tierra”, es decir romper los monopolios, y que otras personas accedan al ejercicio de esta actividad.
“No es algo nuevo, desde siempre existió, tributación en el Servicios de Rentas, afiliación al Seguro Social, certificado de salud, cuidado del ambiente, etc..
Lamentablemente nadie lo puso en práctica, porque no había una autoridad. Hoy en día hay una autoridad que está exigiendo al sector hacerlo”, indicó.
El funcionario apuntó que el documento no solo abarcará a camaroneras, sino a toda la industria del camarón, es decir desde el laboratorio hasta la fase final, que es la exportación.
Además dijo que estas reformas no detienen el proceso de regularización de las camaroneras, que concluye el 31 del presente mes.
Sin embargo, las asociaciones, gremios y cooperativas camaroneras continúan analizando dichos cambios, a fin de establecer una postura única y unificada, ante los graves efectos que tendría la actividad en el país, tanto en áreas concesionadas como en propiedades privadas.
Monge manifestó que dentro de las demás exigencias establecidas en el decreto para mantener o renovar una concesión, los requerimientos contemplan normas subjetivas y radicales que ponen en peligro todas las concesiones entregadas por el Estado y actividades acuícolas en propiedad privada, indistintamente de su tamaño.
Los gremios acuícolas del país mantienen reuniones para definir una posición unificada sobre el tema
Para aquello, pone como ejemplo el artículo 7 del decreto 261 que indica: Las concesiones y las autorizaciones en tierras altas sin vocación agrícola terminarán por las siguientes causas: literal p) por incumplimiento de cualquier norma que violente los derechos del trabajador, y t) por solicitud del Ministerio del Ambiente, en caso de afectación ambiental.
“El primer literal no indica absolutamente nada sobre el debido proceso o el derecho a la defensa, mientras que el literal t establece el concepto de ‘afectación ambiental’ de manera completamente abierta y con un carácter peligrosamente subjetivo al funcionario de turno”, enfatizó el titular de la CNA.
Dicho aspecto comparte Segundo Calderón, presidente de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro, quien afirmó que con estas reformas no habrá seguridad para la inversión.
“No habrá una continuidad si por cualquier situación en las normas o las decisiones que se tomen nos quitan la concesión. Y automáticamente será la baja de producción, el desempleo y la falta de divisas en el país”, enfatizó Calderón.
Por ello, dijo que el sector mantiene desde el miércoles anterior y durante los próximos días, asambleas para definir la postura que adoptarán frente a esta situación, con el fin de que el Gobierno modifique los artículos más perjudiciales o derogue el decreto, antes que se publique en el Registro Oficial.
Por el momento han enviado una serie de cartas a los ministros de Agricultura, Coordinadora de la Producción e Industrias, y al presidente de la República, Rafael Correa, para indicarles su preocupación sobre estas reformas, que no fueron consensuadas con el sector.
Esto, previo a la rueda de prensa que convocó el sector para el lunes -a las 10:00- en la sede de la Cámara, en Guayaquil, en la que estarán presentes productores camaroneros de Pedernales, Bahía, Santa Rosa, Machala, Guayas, y Esmeraldas.
De acuerdo con el último reporte estadístico del Banco Central del Ecuador, el país exportó el año pasado 650,86 millones de dólares en camarón, un 3,5% menos que lo obtenido en 2008, que fue de 674,88 millones.
Reportero - Guayaquil |
