regalias, impuesto, royalty, lo que fuese, pero que se pague

Autor: Marcos Kisner

viernes 7 de julio de 2006

REGALIAS PESQUERAS

EL CAPITAL PESQUERO

Mientras exista el país, alguien tiene que dictar normas en su nombre: el Estado. El interés del país es el que está en juego.

El sector empresarial no tiene que responder por el interés del país. No es su rol. El actúa de acuerdo a sus intereses comerciales, no de acuerdo a los intereses del país. Lo cual es legítimo y lógico además.

Defender los intereses del país es función y deber del Estado. Para eso existe.

No se trata de estar en contra de las empresas, sino que no se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado está ligado a la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal constituído.

No sé si el término regalía, royalty, o derecho de pesca sea el más adecuado. De lo que se trata es de gravar la captura, la extracción de recursos naturales renovables como los pesqueros.

No es lo mismo que el impuesto a la renta. Es “el justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública. “El justiprecio” intenta capturar, para beneficio del país, el valor de la renta económica del recurso pesquero.

Este no es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos.

Es el justo precio o remuneración que debe recibir el propietario de los recursos naturales, como contrapartida del aporte que éste hace al ceder sus recursos en el proceso extractivo y productivo. Así como el trabajador que es dueño de su fuerza de trabajo recibe un salario como retribución a su participación en la producción, y el capitalista una rentabilidad por sus aportes de capital, los dueños de los recursos naturales, deben recibir una retribución justa y consistente con el aporte real que estos recursos hacen a la producción.

A la fecha, los recursos pesqueros se entregan a los industriales a una tasa de derechos de pesca sumamente baja (us$1.18 por TM extraída aprox). El volumen de las exportaciones de harina de pescado no guarda proporción con este pago como se ha analizado en varios artículos anteriores.
Si los costos de producción son artificialmente rebajados, por ejemplo, gracias a derechos de pesca bajos o gratuitos, entonces se permite la existencia de grupos económicos que tienen acceso gratuito o muy barato a los recursos pesqueros.

Por tanto, permanecerán en operación volúmenes de inversión por encima y más allá de un criterio de eficiencia. Al imponerse un royalty al uso de recursos pesqueros subirán los costos de producción, y debieran hacerlo en forma proporcional al ingreso por ventas, al impacto sobre el ecosistema y a la necesidad de mantener una biomasa estable entendida dentro de un concepto ecosistémico.

Probablemente un efecto colateral sería la reducción de la flota y de la capacidad productiva, o su transformación hacia productos de mayor valor agregado, lo cual, además, es un imperativo.

Al reducirse las inversiones artificialmente rentables, se reduce la sobre explotación y los niveles de extracción del recurso, ajustándose hacia niveles de producción capaces de pagar los costos reales, entre los cuales está el valor económico de la depreciación del capital natural.

La forma de generar desarrollo a partir de los recursos pesqueros, es invirtiéndolos en el proceso productivo, pero, recibiendo una compensación económica por ello.

Se afirma que el Perú aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no se especifica es quiénes son los que ganaron. Lo que tampoco se menciona es lo que se perdió y quiénes perdieron para que el Perú de las cifras oficiales ganara.

Detrás de las utilidades alcanzadas por las grandes empresas se oculta un problema proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un sector próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería sobreexplotada. De una industria que va dejando tras de sí un país con hermosas bahías contaminadas y devastadas. De un país que una vez agotados sus recursos pesqueros no tendrá nada que ofrecer a los inversionistas nacionales ni extranjeros. Entonces, esos capitales se irán y dejarán al Perú convertido en un país que antiguamente tuvo una riqueza pesquera.

Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen al explotador del recurso sino a su dueño, que en el caso de los peces somos todos los ciudadanos a través del Estado que nos representa.

El modelo exportador de harina de pescado se ha ejercido a través de ceder, casi en forma gratuita, la renta de los recursos pesqueros a los grupos económicos en los últimos años.

Los resultados actuales expresan esa captura de la renta, como una seria injusticia en los ingresos fiscales. Instaura la injusticia de que se beneficien los explotadores del recurso, y no sus dueños.

Se ha generado un sector poco preocupado por innovar. No se elaboran productos más sofisticados, no se genera mayor valor agregado, sino que se organiza la empresa para capturar esa renta porque ahí están los grandes ingresos en una forma relativamente sencilla.
Ese mismo sector despliega sus mejores oficios para comprometer al Estado, de manera que genere políticas para poder capturar la renta para sí mismo. Y pone sus propios ministros y autoridades para protegerse.

Los últimos 5 años nos han mostrado escenas que difícilmente se podrían olvidar. Solo por mencionar un ejemplo no olvidemos que en ese escenario se dictó una norma que permite importar yates, embarcaciones de recreo, con facilidades tributarias y exoneraciones. No se hizo para constituir una flota pesquera de altura pero se hizo para activos recreativos. ¿Cuántas personas pueden darse el lujo de tener yates en el país? Los que pueden hacerlo, además ¿debieron ser liberados de impuestos?

Así se entiende la existencia de personas, con el propósito expreso de hacer lobby al Estado para que no genere políticas dirigidas a capturar esa renta, para mantener tasas de captura por encima de las que deberían ser, para legalizar licencias de pesca perforando la ley, etc.

Las empresas se llevan la parte rentable del negocio y el país se queda con los pasivos ambientales y con unos cuantos centavos como premio consuelo.

¿Qué es lo que el país realmente gana?

Hoy, existe un mayor dinamismo del sector pesquero exportador pero, ¿porque no irradian este crecimiento al resto del país? Que les vaya bien a estas empresas no significa que le vaya bien al ciudadano medio, porque no generan mayor empleo. La industria harinera ya no admite mayores posibilidades de crecimiento en su empleo. Mas bien la automatización de las plantas debe conducir a una reducción del empleo. Por último, con 60, 70 o hasta 90 días de trabajo anuales por efecto del exceso de flota e infraestructura, tampoco se genera empleo estable ni de calidad.

El sector pesquero exportador se puede renovar científica y tecnológicamente, capturar la renta y el beneficio estructural. Sin embargo, la degradación ambiental, la degradación del ecosistema y la reducción de la biomasa son significativas y amenazan el futuro.

Cuando se agoten los recursos ícticos, ¿cuáles serán las fuentes de ingreso por exportación? Ahí tenemos el ejemplo de la sardina que ya desapareció.

La capacidad de generar ingresos está sustentada en la captura de renta basada en la explotación de recursos naturales. Pero ahí hay límites físicos y biológicos.

¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la actividad pesquera? Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero no en proporción a los volúmenes de dinero ingresado por exportación de harina de pescado y aceite.

Hoy el pescado es escaso y tanto o más caro que la carne. Traemos jurel desde Chile para comer. El beneficio del país no va de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.

Debido a su impacto en los recursos marinos, la acelerada conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare problemas, como la sobreexplotación y la sobrecapitalización, es decir, embarcaciones y plantas en tierra más allá de la capacidad de los recursos pesqueros para hacerlas operar. A esto se agrega la pesca ilegal. Todos estos problemas han hecho que recursos como la anchoveta estén operando peligrosamente en sus límites biológicos.

El capital financiero no es la limitación del crecimiento económico de las empresas pesqueras en este caso, sino más bien la disponibilidad de recursos naturales, es decir, el capital natural. La abundancia de dinero concentrada, en muy pocas manos, no es lo que limita la expansión de la economía, sino lo que la naturaleza aporta como capital crítico.

Para la industria pesquera, el capital crítico no es el dinero, sino más bien, la disponibilidad del recurso natural y de allí que, el acceso a la cuota de pesca es de importancia estratégica. Este acceso estratégico es el que debe ser medido en función de lo que el sistema admite como esfuerzo máximo de captura.

Las empresas pesqueras si tienen acceso a la cuota anual se rentabilizan, crecen y se desarrollan. Si no tienen esa cuota se hunden. Los barcos y las instalaciones en tierra no son lo importante, incluso tendrían un valor cercano al cero absoluto de no ser por la existencia de la cuota anual de pesca.

El libre acceso a los recursos pesqueros y la participación privilegiada de la industria en la cuota ha hecho de esta industria, sino la más rentable, una de las más exitosas desde el punto de vista financiero.

La idea que se tiene es que los armadores, tanto artesanales como industriales, actúan responsablemente porque su negocio depende de la existencia permanente del recurso natural, en consecuencia, actuarán responsablemente y no ejercerán presiones excesivas sobre los recursos.

Pero esta lógica sólo se puede adjudicar a los pescadores artesanales, cuya existencia, así como la subsistencia de su negocio como tal, dependen efectivamente de la productividad del ecosistema marino. Entonces, es posible esperar comportamientos racionales en este tipo de armadores, aunque no de todos obviamente ya que siempre habrá excepciones. El concepto es válido y aplicable a todas las pesquerías marítimas y continentales.

Los armadores industriales operan con otra lógica completamente distinta. El armador industrial, fundamentalmente asociado a un grupo económico-financiero, no está necesariamente interesado en la sustentabilidad a largo plazo del negocio, puesto que al grupo lo que le interesa es una conversión acelerada de los recursos naturales en capital financiero. La idea es trasformar en el más corto plazo posible, la mayor cantidad de biomasa pesquera en capital fresco. La lógica de estos grupos es la acumulación y no la producción a largo plazo. Si mañana ya no resulta rentable la explotación pesquera, entonces emigran a otro sector.

Cumplir con criterios de sustentabilidad implicaría renunciar a la conversión de naturaleza en dinero, es decir, sería como dejar dinero en los fondos marinos para que en otras generaciones, otras personas lo vengan a recoger. Esto no es coherente desde la perspectiva del grupo económico-financiero que opera con la lógica de la acumulación. Desde esta perspectiva, convertir todo en dinero y acumularlo a nombre del grupo financiero, es lo más consistente y coherente. La lógica de la sustentabilidad va en sentido contrario.

En este orden de cosas, además de justa, la aplicación de regalías a la extracción de recursos pesqueros se impone como una de las formas de reducir el esfuerzo pesquero en beneficio de una pesquería sostenible. La regalía obliga a ser eficiente en la captura para maximizar la relación beneficio costo. Si no hay eficiencia ni rentabilidad, la actividad extractiva debiera detenerse por sí misma.

En este orden de ideas, todos aquellos que causan mortalidad comercial deben pagar regalías. Solo se exceptúan aquellos quienes causan mortalidad de subsistencia, es decir quienes capturan para sostenimiento personal y familiar directo, es decir, autoconsumo.

La lógica del Estado tiene que ser cumplir con el criterio de sustentabilidad, que significa, precisamente, dejar dinero en el fondo del mar para que lo recojan las próximas generaciones, cuidando que nunca se agoten. Aplicando simultáneamente el cobro de regalías justas para compartir los beneficios entre los dueños de los recursos y los concesionarios de los mismos.

En conclusión: la lógica del industrial es correcta y lícita. Sin embargo no es la lógica conveniente al país.

Por tanto, el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios de los recursos naturales materia de la controversia. Se legisla en beneficio del bien común, de las mayorías nacionales, pues esa es la función primordial del Estado.

En la ecuación falta la sociedad civil, es decir los dueños de casa, los propietarios de los recursos. Supuestamente están representados por el Estado; pero el problema empieza cuando sus representantes no protegen sus intereses. Un escenario posible es el desborde popular hacia el rechazo del sistema con el objeto de destruirlo o reemplazarlo porque traiciona a los intereses ciudadanos. Otro es que esta sociedad se organice debidamente para hacer valer sus derechos y sus opiniones.

El sistema es perverso. Esto se confronta contra un modelo de medios de comunicación que no permiten el acceso a la Sociedad Civil. Los medios construyen la opinión pública de acuerdo a los dictados de ellos mismos. No necesariamente son temas de agenda de la sociedad. Son incompatibles la veracidad y el rigor informativo en un modelo informativo de mercado como el actual. Aunque aparentemente todos los medios adopten una apariencia neutral en sus noticias, es evidente que el primer gran sesgo se establece con la designación de los temas a informar y la forma de presentarlos.

El desconocimiento del sector pesquero es compartido por la prensa y por la propia sociedad, y por tanto ambos resultan indolentes al problema. Existe un vacío de conocimiento que es aprovechado para manipular información en uno u otro sentido. El ciudadano común está expuesto a una u otra corriente de opinión sin mayor posibilidad de defensa o de réplica.

Gracias a todo ello el status en la pesca se sigue manteniendo y seguimos creyendo que somos buenos porque exportamos mucha harina de pescado. No asumimos conciencia, aún, de que como dueños de esos recursos pesqueros no se nos está pagando un precio justo por su explotación.

La aparición de medios como Oannes cubre ese vacío. Un medio donde se puede opinar libremente y llegar a un tiraje quizá mayor que el de los medios convencionales. Con la ventaja de la respuesta y de la contrarespuesta. Detalle imposible de practicar en los diarios, por ejemplo, con la misma fluidez.

Cada uno de los miembros de Oannes dispone de su propia capacidad de organizar su línea informativa, es decir que quiere y que no quiere leer, su método de recogida y búsqueda de información cuando quiere escribir, su relación con los demás, etc.

Lo que nos une es la convicción de que tenemos algo que decir y podemos decirlo, ya que los medios tradicionales no responden al derecho a la información y la libertad de expresión de los ciudadanos.