El Acuerdo BBNJ: Entre la Conservación Global y la Soberanía Nacional

Autor: Francisco J. Miranda Avalos, Presidente de la J. Directiva de la ONG Oannes

miércoles 11 de junio de 2025

El Acuerdo BBNJ: Entre la Conservación Global y la Soberanía Nacional

El acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Acuerdo BBNJ (por sus siglas en inglés), representa un avance significativo en la gobernanza internacional de los océanos en décadas. Sin embargo, su adopción ha generado un intenso debate en el Perú, entre quienes lo ven como un paso esencial para la protección de los océanos y quienes advierten sobre los riesgos para la soberanía e intereses nacionales. 


Adoptado el 19 de junio de 2023, el Acuerdo BBNJ; tiene como objetivo garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, en la alta mar y la Zona Internacional de los Fondos Marinos, que representan casi dos tercios de la superficie oceánica mundial.


El acuerdo aborda cuatro puntos importantes: Los recursos genéticos marinos y participación justa y equitativa en los beneficios. Las herramientas de gestión basadas en zonas, incluidas las áreas marinas protegidas (AMP). Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). Y la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. Además de establecer mecanismos institucionales como una Conferencia de las Partes (COP), órganos subsidiarios y un mecanismo de financiación.


A su favor podemos decir, que se encaran puntos importantes, como la protección de la biodiversidad global. Por lo que quien defiende el acuerdo, lo considera un hito en la conservación marina, porque por primera vez será posible la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Abriendo una puerta que busca cumplir la meta global de proteger al menos el 30% de los océanos para el 2030.


También se busca la equidad, corrigiendo asimetrías históricas en el acceso a los recursos genéticos marinos y sus beneficios. Países en desarrollo, que carecen de capacidades tecnológicas para explorar la alta mar, tendrán acceso en parte a los beneficios derivados de la investigación y explotación de estos recursos, incluyendo el conocimiento científico y sus posibles aplicaciones comerciales.


En el campo de la cooperación internacional y gobernanza. La creación de órganos como la COP y mecanismos de coordinación internacional refuerzan la gobernanza de la alta mar donde existe un “vacío legal”,  que permite la sobreexplotación y la contaminación. El acuerdo promueve la cooperación científica, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades, que son elementos clave para una gestión sostenible y equitativa.


Aunque no aborda directamente el cambio climático, la protección de grandes áreas marinas contribuye a preservar ecosistemas que almacenan carbono y regulan el clima global, aportando beneficios indirectos en la lucha contra el calentamiento global. Más allá de si consideramos el factor humano como responsable o no.


Sin embargo, existen argumentos críticos y retos respecto del Acuerdo BBNJ.


Uno de los principales temores es que la jurisdicción internacional se extienda, de facto, dentro de las 200 millas de nuestro país. Por ejemplo, si se crean una AMP cerca de nuestro dominio marítimo y se restringe la pesca de especies migratorias que transitan ambas zonas, esto podría limitar indirectamente la pesca dentro de las 200 millas, afectando la soberanía sobre nuestros recursos vivos. 


En OANNES; creemos que obtener objetivos como el 10% o el 30% de AMPs para el 2030, puede ser un objetivo global interesante en otros mares, pero no nos parece práctico para el nuestro, ya que postulamos que existen ecosistemas de alta biodiversidad en nuestro borde costero, cuya protección, incluso si es inferior al 10% de nuestro dominio marítimo, resultan mucho más eficiente para asegurar la sostenibilidad de todas nuestras pesquerías, que llegar al 10% o al 30% como propone las Naciones Unidas y otras organizaciones.


Considerando que la alta mar ya está regulada en parte por Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) y otros mecanismos sectoriales. El BBNJ podría superponerse o entrar en conflicto con estas entidades, generando inconvenientes en la capacidad para gestionar recursos marinos vitales como la pota, jurel o atún, en los que existen intereses estratégicos.


Aunque el acuerdo afirma no aplicarse a la pesca regulada por el derecho internacional, introduce excepciones que son ambiguas para peces u otros recursos marinos vivos, lo que puede dar lugar a interpretaciones divergentes y, en la práctica, afectar el aprovechamiento pesquero y la seguridad alimentaria de países dependientes de la alta mar.


El régimen que establece el acuerdo, sobre los recursos genéticos marinos, obliga a compartir información y beneficios, incluyendo patentes y productos desarrollados a partir de estos recursos. Esto podría desincentivar la inversión y limitar la competitividad de países con capacidades científicas avanzadas, además de imponer cargas burocráticas a la investigación, creando un impacto en la investigación científica y la innovación.


La creación de una COP y otros órganos con poder de decisión sobre la alta mar implica que los estados ceden parte de su autonomía a instancias internacionales, lo que representa una erosión de la soberanía nacional y regional.


El Perú, ya ha suscrito el Acuerdo BBNJ, que debe ser ratificado por el Congreso de la República. Sin embargo, los más importantes gremios empresariales nacionales ya han manifestado su desacuerdo, lo mismo que sus preocupaciones sobre la posible afectación de la soberanía y la necesidad de salvaguardar sus intereses pesqueros y científicos. 


Y aunque podría ser un avance significativo hacia una gobernanza más justa y sostenible de los océanos del mundo, la implementación del acuerdo, plantea retos serios en términos de soberanía, coordinación institucional y protección de intereses nacionales. El Congreso Peruano aún no ratifica la CONVEMAR y podría finalmente no ratificar el Acuerdo BBNJ.