Fuente: Fish Information Services, FIS

Argentina - El sector politico no logra un acuerdo para modificar la Ley de Pesca de Chubut

Patricia Diácono

viernes 15 de noviembre de 2002

El conflicto suscitado por el enorme incremento en el precio de los permisos de pesca que entrega la provincia de Chubut aún dista de encontrar una solución. Al mismo tiempo que el Gobierno provincial dio a conocer que está dispuesto a realizar algunos ajustes a la Ley de Pesca, sobre todo en lo referido a los precios de los permisos, la fiscal de Estado de esa provincia ratificó que en la Justicia se sigue sosteniendo la constitucionalidad de las leyes que permitieron aumentar los valores de los permisos y los cánones por captura. No obstante, advirtió que la cuestión política está en manos de los legisladores y del Gobierno provincial.

En declaraciones al diario El Chubut, la titular de la Fiscalía de Estado, Sonia Donatti, dijo que la fiscalía contestó técnicamente las acciones sosteniendo la constitucionalidad de las normas dictadas, aunque advirtió que "la cuestión política relacionada a las razones de mérito, conveniencia y oportunidad están siendo manejadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo".

Esto no representaría ninguna garantía de solución, ya que desde el comienzo del conflicto, ambos poderes han mantenido posiciones encontradas y ha sido el sector político el que ha frenado el avance de las negociaciones. El propio gobernador de Chubut, José Luis Lizurume, en declaraciones a thefishmall.com reconoció que en la discusión pesquera en su provincia "hay diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a la Ley de Pesca.
El Ejecutivo envió una ley y el Legislativo sancionó otra, lo que hace público y notorio que existen diferencias".

El conflicto entre las empresas pesqueras y el Gobierno por el pago de los permisos comenzó cuando la Legislatura de Chubut aprobó una reforma a la ley vigente, en la que el precio de los permisos pesqueros aumentó hasta 26 veces (vea Noticias FIS, 23 de julio de 2002 ). Las empresas presentaron un recurso de amparo que fue aceptado por la Justicia y el Gobierno decidió prorrogar el plazo de pago por 30 días. En ese lapso -que aún no ha
finalizado- el Gobierno y los legisladores intentarán alcanzar un valor que satisfaga a todas las partes que forman parte de la discusión. (Vea Noticias FIS, 31 de octubre de 2002.)

Los legisladores anunciaron que plantearán su posición con respecto a la modificación de la Ley de Pesca luego de estudiar la documentación que técnicos del Ministerio de la Producción de la provincia les entregaron durante un encuentro que se realizó el martes para analizar el tema.
"Queríamos saber varias cosas. Por ejemplo cuánto facturaba cada empresa; cuánto pagaba en concepto de impuestos y otras cuestiones de índole técnica", declaró a El Patagónico el diputado Carlos Lorenzo.

Mientras tanto, Pescapuerta de Argentina, Harengus SA, Iberconsa de Argentina, Alpesca / I&J, Conarpesa, Argenova y Arbumasa han tenido una respuesta positiva de la Justicia a sus reclamos. Los fallos permitirán que las pesqueras cumplan sus obligaciones con el Estado chubutense de acuerdo a la legislación previa a la cuestionada.

Por Patricia Diácono