Fuente: Fish Information Services, FIS
Argentina - Langostineros reclaman a Chubut y Santa Cruz seguridad juridica para sus inversiones
Patricia Diácono
viernes 29 de noviembre de 2002
La inseguridad jurídica para las inversiones y la falta de monitoreo satelital para la pesca (Monpesat) fueron los temas que centraron la atención entre los empresarios, funcionarios y participantes del Primer Seminario Patagónico sobre Desarrollo Sustentable de la Pesquería del Langostino, que se desarrolló a principios de esta semana en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado.
La necesidad de dar un marco legal que permita inversiones a largo plazo fue uno de los puntos en que hicieron hincapié los miembros de la Cámara Argentina Langostinera (Calapa). Sobre todo, las críticas fueron dirigidas a las provincias de Chubut y Santa Cruz, que ejercen la administración conjunta de la explotación pesquera del Golfo San Jorge, donde se realiza la principal explotación intensiva e industrial del langostino en la Argentina.
En diálogo con FIS.com, Darío Baroli, presidente de Calapa, dio precisiones acerca de los aspectos centrales de sus reclamos e insistió en que el planteo de la "inseguridad jurídica" para las empresas tiene que ver con que las provincias otorguen permisos anuales. "Cada año, las provincias nos requieren nuevas obligaciones. En unos casos, aquellas para la renovación de los permisos de pesca son distintas a las del año anterior y en otros se maximizan los requerimientos. Lo que estamos reclamando específicamente es una política pesquera predeterminada. Queremos saber con qué obligaciones nos vamos a encontrar, saber lo que tenemos que hacer para poder tener tranquilidad al momento de realizar las inversiones que tenemos previstas".
El dirigente indicó que no caben dudas de que la actual situación en el sur argentino está frenando inversiones concretas. "Por ejemplo, aseguró, a partir de la sanción de la última ley de la provincia de Chubut, que significó el incremento de los permisos de pesca en un 2.625% al valor que tenían al 31 de diciembre (de 2001), más un incremento del valor del canon por las capturas realizadas del 750%, a las empresas les frenaron las inversiones que tenían previstas. Algunas preveían ampliar la planta de proceso, ampliar la cámara y esta situación, sin duda, ha frenado esas inversiones".
El reclamo de las empresas será repondido por la Justicia, pero Baroli no piensa que ése sea el lugar adecuado para encontrar una solución al conflicto. "Consideramos que lo lógico en estos casos es sentarse y conversar con los legisladores, ver de qué manera podemos ceder nosotros y en qué medida las provincias pueden ser comprensivas de nuestra situación.
Para que las empresas que ya estamos radicadas y trabajando desde hace años podamos continuar con nuestros proyectos de inversión", sentenció.
De acuerdo a las palabras del presidente de Calapa, el principal problema radica en las provincias de Chubut y Santa Cruz, que comparten la administración en el Golfo San Jorge. "En Santa Cruz, la precariedad de los permisos es la misma que en Chubut, sólo que no tenemos nuevas exigencias.
Excepto en lo referido a la marinería a embarcar: nos exigen que el 50% de los embarcados sean locales".
Ese requisito sería imposible de poner en práctica, puesto que no existiría la cantidad de mano de obra necesaria. "Además, nosotros ya tenemos nuestro personal que trabaja con las empresas desde hace largo tiempo y que tiene más experiencia. No obstante, estamos de acuerdo con embarcar la mayor cantidad posible de marineros locales, tanto de Santa Cruz como de Chubut, porque ésta es nuestra zona de influencia y creemos que de alguna manera la distribución de la riqueza debe quedar aquí".
Los empresarios de la Cámara también tienen sus cuestionamientos para el Gobierno de Chubut, de quien dicen que presenta una inseguridad jurídica mayor. "Aunque yo no conozco de temas políticos, al parecer éste es el motivo de esta situación. Eso ha llevado a que la legislatura haya dictado leyes de una manera que nosotros consideramos discriminatoria, que atenta contra las inversiones y que es confiscatoria de acuerdo a la actividad que nosotros realizamos en esa provincia. Esto es bastante problemático y no sabemos cómo va a terminar este tema, esperamos poder lograr un acuerdo con el Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia, en el cual reconsideren su posición y si se han equivocado que tengan la grandeza de decirlo".
Cuando se produjo el aumento de los permisos, la mayoría de las empresas pesqueras presentó recursos de amparo ante la Justicia, que les ha dado la razón en primera instancia; luego se sucedieron una serie de reuniones que no arribaron a ningún acuerdo. Baroli destacó que no es la intención de las empresas dirimir esta situación en tribunales sino que es preciso solucionar esto para seguir con la actividad.
"Para nosotros es muy importante la actividad en Chubut y aún más en Santa Cruz. Estamos acá para que las empresas avancen e inviertan. Nosotros no proyectamos para un año, ni queremos pescar todo en un día. Eso es lo que queremos demostrar en este Seminario", finalizó el empresario.
Por Patricia Diácono
