Fuente: Ecoceanos, Santiago de Chile
Chile - Denuncia y presion ciudadana obligan a destruir latas de jurel en mal estado
lunes 21 de noviembre de 2005
Critican a las autoridades sanitarias por su tardanza en desnaturalizar el producto y a la irresponsabilidad de la compañía Mar Profundo/Alimar por vender estos alimentos en mal estado a otra compañía que incluso comercializó una parte.
Concepción/Chile. 21 Noviembre de 2005. (Ecoceanos News)— Luego de la denuncia pública y de los llamados de atención de organizaciones ciudadanas y de especialistas del área de la alimentación, la Autoridad Sanitaria de la Región del Bio-Bio anunció que destruirá los más de 2 millones de tarros de jurel en conservas en mal estado que fueron afectados por un incendio en
2003 en la empresa Mar Profundo/Alimar y que aún están almacenados en una bodega en Concepción.
La autoridad sanitaria informó que los cerca de 16 millones de pesos que costará la medida la asumirá el Ministerio de Salud (Minsal), pero que luego se intentará recuperarlos en un proceso judicial.
El caso de estos tarros de jurel en mal estado -que incluso una parte fueron comercializados y otra se intentó orientar hacia la alimentación de animales de criadero-, dejaron en evidencia que en Chile las políticas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de alimentos están obsoletas. Además especialistas están proponiendo que esta situación sea una de las primeras que analice la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, creada recién en octubre.
Fueron las propias autoridades sanitarias quienes advirtieron la semana pasada a Ecoceanos News, que estos productos podrían generar un foco de insalubridad, pero especialistas y organizaciones ciudadanas criticaron la tardanza en destruir estas conservas.
El Dr. Guillermo Figueroa, encargado del Laboratorio de Microbiología del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), calificó de “irresponsable” el actuar de la autoridad sanitaria frente a este caso, en que “no velo por los intereses de la salud de la población”.
“Si la autoridad sanitaria local no tiene los recursos para retirar los tarros, y trasladarlos para su desnaturalización en un vertedero autorizado, el nivel central (Minsal) tiene que proveerle los fondos necesarios para resolver el problema, y no crear un riesgo mucho mayor, porque si se afecta la salud de las personas el costo va a ser mucho más grande que los millones que vale el destruir el producto”, acotó el profesional.
No obstante, el Dr. Figueroa precisó a Ecoceanos News que “la industria es la responsable de asegurar la calidad microbiológica, química del producto.
Lo que hace el Estado es verificar que esta acción se cumpla. En este caso, la responsabilidad es de las empresas y para que sea así, tiene que haber un control sanitario sobre su producción. Las empresas que intentaron comercializar un alimento que había estado sometido a una temperatura de abuso, deben ser sancionadas”.
Por su parte, Rubén Pinochet, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), de Concepción, dijo a Ecoceanos News que “existe mucha negligencia en cuanto al accionar de los organismos públicos, para actuar con rapidez en resolver problemas que atañen directamente a los consumidores, y donde se ven involucradas grandes empresas. Cuando se está afectando a alguna compañía que es fuerte en cuanto a su presencia económica en la zona, las presiones influyen”.
Esto se incrementa en zonas con altos índices de cesantía, cómo es el caso de la VIII Región, donde la amenaza de la pérdida de trabajo es el argumento de las empresas para evadir sanciones.
En este sentido el toxicólogo de la Universidad de Chile, Dr. Andrei Tchernitchin, dijo a Ecoceanos News que “la presión ciudadana contribuye a que los problemas que afectan la salud y el medioambiente puedan ser solucionados. Cuando existe participación ciudadana conciente, responsable, con documentos técnicos que la avalen, resulta efectivo para acelerar las
medidas que deben tomar las autoridades”.
La Jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional de Salud, Andrea Aste, sostuvo que la decisión de desnaturalizar estos productos se adoptó por el mal estado de las conservas y porque el aumento de las temperaturas pueden provocar malos olores y la presencia de vectores, con evidente peligro para las personas.
En conferencia de prensa, Aste dijo que tras detectarse, en abril de este año, la venta de jurel en mal estado para consumo humano, se inició una investigación sanitaria para determinar responsabilidades.
El sumario sanitario, que está a punto de concluir, establecerá la responsabilidad de una serie de personas naturales y jurídicas, que se involucraron el proceso desde el incendio en el año 2003.
Luego del siniestro la compañía Mar Profundo/Alimar comercializó la mercadería dañada por el fuego a un intermediario, quien revendió las conservas posteriormente a la Empresa Comercial Agrícola (ENCAGRI). Esta re-etiquetó las latas cómo “Jurel El Pescador” para su distribución en supermercados, ferias libres y almacenes de Concepción, Talcahuano, Osorno, Temuco, Talca y Santiago.
Al respecto, el Dr. Guillermo Figueroa del INTA dijo que “lamentablemente la autoridad sanitaria no pudo cumplir con su competido”. A su juicio, “la tardanza del sumario sanitario para esclarecer y sancionar a las empresas responsables resulta inexplicable”.
El Dr. Figueroa afirmó que tras el incendio la autoridad sanitaria debió haber ordenado a Mar Profundo/Alimar la prohibición de venta y destrucción de las conservas de jurel. “No pueden comercializar un producto que estuvo a temperatura de abuso. Con esto, la autoridad le abrió la puerta a la pesquera para que vendiera al costo que fuera, contar de deshacerse del problema, y finalmente le traspaso el problema a una segunda empresa”.
El especialista afirmó que “debe haber un juicio sanitario y económico en contra de las empresas responsables” y propuso que este debiera ser el primer caso a analizar por la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, creada recientemente.*****FIN*****
