Fuente: Aqua Noticias, Santiago de Chile
Chile - Es crucial un buen marco regulatorio para la biotecnologia
lunes 15 de septiembre de 2003
Entrevista con Álvaro Díaz, subsecretario de Economía.
Uno de los aspectos clave para desarrollar con fuerza la biotecnología en Chile es la integración de esfuerzos privados y públicos a través de la formación de consorcios empresariales biotecnológicos. En tal sentido, Díaz destaca que las compañías tienen que aprender a trabajar con otros actores y que los científicos, en tanto, deben aprender a hacer negocios con el producto del conocimiento.
Como presidente de la Comisión de Biotecnología, Álvaro Díaz adelanta que en estos momentos se está preparando una Política Nacional de Biotecnología que contempla la estrategia para fomentar el desarrollo de la biotecnología y el diseño de un adecuado marco regulatorio en conjunto con los parlamentarios.
Uno de los temas sensibles sobre los cuales legislar es el consumo humano de alimentos genéticamente modificados (AGM), donde el enfoque es que debe haber aprobación sanitaria de los eventos que estén relacionados con este tipo de alimentos
Otro tema relevante es la evaluación ambiental de introducción de organismos genéticamente modificados (OGM) en los procesos productivos. Díaz explica que esta evaluación debe hacerse caso a caso, la hará cada repartición pública y los procedimientos de evaluación se normarán a través de reglamentos específicos.
Una de las conclusiones de la Comisión de Biotecnología es que Chile sea referente mundial en biotecnología ¿Cuál es la posibilidad real de que ello ocurra?
El 75% de las exportaciones de Chile están basadas en recursos naturales que tienen mayor o menor grado de procesamiento y la biotecnología no sólo está relacionada con los organismo vivos sino también con la minería. En concreto, tenemos un extraordinario potencial en el sector minero ya que en un corto plazo, de cinco a diez años, tendremos un gran desarrollo de microorganismos naturales que participan en la biolixiviación de minerales.
Existe un valor de US$ 10 mil millones en material desechado de cobre que es aprovechable a través de la biotecnología. Ya existe un consorcio biotecnológico constituido que es la empresa Biosigma. Es el menos polémico de todos los sectores y Chile tiene un nicho muy alto ahí.
¿Cómo impulsar más intensamente este modelo de consorcios empresariales biotecnológicos?
Existe un creciente consenso con respecto a que el Fondef debiera canalizar recursos hacia consorcios empresariales universitarios que contraten a los investigadores, lo que asegura mayor presencia y dirección de las compañías sobre los resultados de la investigación y desarrollo.
Al constituir estos consorcios, las empresas tienen que aprender a trabajar con otros actores y los investigadores entender que sus resultados no sólo se proyectan en un paper, sino que tienen que aprender a hacer negocios con el producto del conocimiento y proteger éste usando los instrumentos que entrega la legislación en materia de propiedad intelectual.
¿Y hacia dónde hay que orientar el foco?
Establecer incentivos para que las empresas inviertan crecientemente en investigación y desarrollo y que la comunidad investigadora en su carrera académica no sólo valore los papers, sino también las solicitudes de licencia o patente.
La comisión ya entregó su informe ¿Qué sigue hacia adelante?
La comisión entregó su informe y encomendó al Gobierno dialogar con el Congreso para acordar la estrategia legislativa, dado que hay nueve iniciativas parlamentarias relacionadas con biotecnología. En estos momentos estamos preparando el documento Política Nacional en Biotecnología, que va a ser lanzado por el Presidente.
Éste contiene un componente de fomento de la biotecnología y uno de regulación, aquí es crucial un buen marco regulatorio. Estamos trabajando con una agenda regulatoria muy precisa y junto a los parlamentarios. Debemos tener un enfoque unificado que otorgue certidumbre jurídica, adecuado para Chile y que regule apropiadamente; además, necesitamos un conjunto de políticas que orienten el esfuerzo público, privado y universitario, eso es lo que vamos a hacer a fines de septiembre.
¿Cuáles son los aspectos más sensibles sobre los cuales alcanzar una legislación consensuada y que satisfaga las expectativas de todos?
El primer tema es el consumo humano de AGM. El enfoque es que debe haber aprobación sanitaria de los eventos que estén relacionados con los AGM. Por ejemplo, la soya transgénica puede estar presente en varios tipos de alimentos, en este caso el Ministerio de Salud debe aprobar el evento como tal; lo mismo con el maíz. Si se va a aprobar para consumo humano (como ya ocurre en otros países), lo que se va a autorizar es el evento, no alimento por alimento. Ahí deben aplicarse los principios de precaución y de evidencia científica y seguir los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.
La segunda parte del consumo de alimentos se refiere al rotulado sanitario.
Si el AGM es sustancialmente igual a uno convencional no es necesario rotularlo, pero si presenta diferencias nutricionales o con efectos alergénicos sí. Y un tercer aspecto es la información al consumidor, la pregunta es si tiene derecho a saber si el alimento es genéticamente modificado.
¿Es el gran debate?
Nosotros planteamos una evaluación sanitaria previa tal como se hace en Europa y Estados Unidos. Por tanto, la discusión ya no es por motivo sanitario porque el AGM ya ha sido aprobado, sino porque el consumidor quiere informarse y escoger entre alimento orgánico, convencional o transgénico. En este caso, decimos sí, el consumidor tiene derecho a la información, debe ser discutido si el etiquetado es voluntario u obligatorio. Esa es la discusión que hay que realizar.
¿Otro tema sensible es la evaluación ambiental de introducción de organismos genéticamente modificados?
La evaluación de riesgo ambiental de introducción de organismos genéticamente modificados en los procesos productivos, debe hacerse caso a caso. Es distinto evaluar soya transgénica o fruta transgénica. Según el sector intervienen diferentes organismos como el Ministerio de Agricultura, la Subsecretaria de Pesca y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, entre otros. El actual marco es suficientemente adecuado como para que por la vía de reglamentos específicos, se norme sobre los procedimientos de evaluación.
Sin embargo, en materia de ley lo que se puede hacer es precisar los criterios que rijan esa evaluación de impacto ambiental.
¿Cómo vincular la biotecnología con el sector acuícola?
El estudio de prospectiva tecnológica evidenció que los productores acuícolas no ven el uso de la biotecnología en el corto plazo, por ejemplo, para producir salmones transgénicos. Consideran que puede afectar el prestigio de las exportaciones chilenas porque no son aceptados todavía por los consumidores de los países desarrollados. Entonces, tenemos que aceptar que existe esa preocupación, muy legítima. Pero la biotecnología ya se ha aplicado, por ejemplo, por Fundación Chile para la vacuna contra la piscirickettsiosis y, por tanto, existen muchos otros usos relacionados con acuicultura y que pueden tener enormes beneficios productivos para el desarrollo del sector.
