Fuente: La Nacion, Santiago de Chile

Chile - La miopía de los salmoneros

Cristián Gutiérrez

viernes 3 de marzo de 2006

Jueves 2 de marzo de 2006

Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón, pero en el ranking de investigación para la acuicultura, está en el décimo lugar, contribuyendo con sólo 2% a nivel global.

Campaña salmonicultura de Oceana

Rodrigo Infante, el gerente general de SalmonChile, asegura que las empresas salmoneras cumplen con todas las normas ambientales y que, incluso, “van más allá”, desestimando de paso los posibles riesgos de una acusación de dumping que los especialistas de la Conama o de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería auguran a la luz de los recientes TLC firmados con Estados Unidos y Canadá, dos de los principales destinos de las exportaciones de salmón chileno. Las últimas acciones del gremio salmonero se enmarcan en una estrategia tendiente a limpiar la mala imagen ambiental de esta industria en el extranjero. En este sentido, el cierre exitoso del acuerdo de producción limpia, donde las empresas son jueces y parte en la gestión ambiental, es un ejemplo de la mentalidad obtusa de los industriales para aceptar una agenda de consenso con las organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior es más importante cuando existe nueva evidencia entregada por Oceana que habla del nexo entre la actividad de la salmonicultura y la proliferación de las temidas mareas rojas.

En Chile, existe una visión errada del concepto de sustentabilidad. Se trata de la idea de que la generación de estándares y acuerdos de producción limpia deben provenir de las empresas, para luego, una vez realizados, establecer certificaciones de los productos que “induzcan” a estas firmas a adoptar nuevas políticas. Así, se borra del mapa el rol que le corresponde a la autoridad pública en esta materia, sobre todo considerando su papel fiscalizador, tan necesario en estos tiempos donde las decisiones se toman exclusivamente desde la esfera privada. Con esta filosofía se asienta el precedente de dejar a la mera “voluntad” de las empresas, decisiones que deben estar en el campo de las políticas públicas.

Hoy se dispone de evidencia científica, tanto a nivel nacional como internacional, de los daños ambientales que han sido generados por la salmonicultura. La industria enfrenta acusaciones por usar antibióticos en abundancia, contribuyendo a acelerar la resistencia de las bacterias ante estos medicamentos de alta eficiencia en la salud humana, cultivar un producto que contiene importantes porciones de dioxinas, bifenilos policlorados, dieldrin, nonacloro, DDT y mirex (“Science” 303, de enero de 2004), lo que hizo que un grupo de científicos de las universidades de Indiana, Albany y Cornell sugirieran que se limite significativamente el consumo de este producto.

Además, la industria del salmón es acusada de utilizar verde malaquita, un funguicida peligroso para la salud; pintura antifouling, la que causa graves daños a la fauna y a los ecosistemas; colorante para anaranjar aún más los salmones, según el gusto del consumidor; generar el fenómeno de las mareas rojas; y contribuir a la eutrofización de los recursos hidrológicos del país por la sobrecarga que produce esta industria en cuanto al aporte de nutrientes al agua, como el fósforo y el nitrógeno.

A pesar de que Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón, siendo responsables de más de un tercio de la producción a nivel planetario, en el ranking de investigación científica para la acuicultura estamos en el décimo lugar, contribuyendo con sólo 2% a nivel global. Junto con esto, tenemos escasa capacidad de los servicios públicos para fiscalizar a la industria, en especial Sernapesca, Conama y la Dirección del Trabajo. De hecho, según la propia institucionalidad ambiental, durante 2004, sólo se revisaron 20 proyectos relacionados con centros de cultivo de salmón, que corresponde a 5% del total de centros que posee esta industria en las aguas del país.

Estos antecedentes ponen nuevamente en tela de juicio la real sustentabilidad de la industria y reafirman la petición de una moratoria a la expansión de la actividad, amparada en múltiples razones de orden ambiental, sanitario, laboral e institucional, sobre todo considerando el plan de inversiones de la industria -estimado en unos 800 millones de dólares- para extenderse en la XI Región de Aysén y consolidar esta zona para que, dentro de ocho años, entregue 40% de la producción nacional del salmón.