Fuente: La Prensa Austral, Punta Arenas

Chile - Punta Arenas: Denuncian pesca ilegal de bacalao

EMBARCACIONES PROCEDENTES DE CHILOE Y PUERTO MONTT FAENAN EN MAR ABIERTO

Manuel González A.

martes 24 de mayo de 2005

- Director regional del Sernapesca confirmó la notificación de cinco infracciones tras dos sobrevuelos efectuados en aviones de la Armada. - Antecedentes extraoficiales señalan que la flota ilegal fluctuaría entre los
16 y 20 pesqueros. - Jefe del servicio expresa también su preocupación por el aumento de la extracción ilícita de centolla y se refiere a otros recursos como el ostión y el erizo.

Por Manuel González A.

Un nuevo frente de pesca ilegal se ha abierto en Magallanes. Embarcaciones procedentes de la Región de Los Lagos se desplazan hasta esta zona austral para extraer bacalao en forma clandestina, a una distancia de entre 5 y 10 millas de la costa y en caladeros situados a 800 metros de profundidad.

La pesca de este recurso se encuentra regulada bajo el sistema de cuotas, de manera que pueden extraerlo sólo operadores autorizados. Sin embargo, embarcaciones procedentes de Quellón y Puerto Montt han sido avistadas y notificadas de infracción en fiscalizaciones conjuntas efectuadas por la Armada y el Servicio Nacional de Pesca tras verificarse que se encuentran abocadas a este recurso, sin contar con las autorizaciones. Según antecedentes extraoficiales que obran en poder del Sernapesca, la flota que se dedica a esta pesca fluctuaría entre 16 y 20 embarcaciones (ver recuadro).

Este y otros antecedentes relacionados con el aumento en la extracción ilegal de centolla y el manejo de otros recursos, entregó el ingeniero pesquero titulado en la Universidad Católica de Valparaíso, Patricio Díaz Oyarzún. El profesional se desempeña en el Sernapesca por espacio de 18 años y anteriormente fue jefe de base zonal del Instituto de Fomento Pesquero.

- Varios decomisos de centolla y centollón han sido noticia en el último tiempo. ¿Están aumentando las infracciones?
- “Las acciones ilícitas asociadas al recurso ostión y centolla son recurrentes en el tiempo y si bien se trata de conductas continuas, estamos advirtiendo una mayor ilegalidad en cuanto a la centolla en su período de veda. Lo normal era que encontrásemos otro tipo de infracciones durante la temporada de pesca, como por ejemplo, el característico transporte de centolla seccionada, es decir, patas de centolla para que no tengamos a mano la caparazón y el abdomen y así no podamos determinar de qué tamaño era el ejemplar extraído o si era hembra o macho. Siempre ha sido así, pero noto un cambio en el último año en la actividad ilegal en la veda. Llevamos incautadas unas 6 toneladas y eso marca un cambio respecto de otras tendencias históricas de la pesquería”.

- ¿Cuál es la penalización que tiene la extracción ilegal?
- La infracción de un recurso en veda no es delito, es una infracción. Es denunciada al juzgado civil. Por el contrario, si se sorprende una empresa pesquera faenando centolla o un agente comercializador vendiendo centolla en veda, eso es materia de delito”.

- Esta característica tan particular de la ley de tipificar como delito sólo el procesamiento y la venta y no la extracción, ¿no es una puerta abierta para que se sigan violando las vedas?
- “Yo diría que no es elemento central porque de una u otra manera la persona va a ser sancionada. De hecho, la sanción que aplica el juzgado civil es importante. Pienso que uno de los elementos que está aquí en juego es la alta rentabilidad que se obtiene con la acción ilegal. Por otro lado, están las dificultades de los organismos fiscalizadores para poder controlar una zona que es de grandes dimensiones y con una geografía muy compleja.
Luego, acá hay muchos canales de comercialización y formas a través de las cuales puede hacerse negocio de este ilícito”.

- En el último tiempo se han efectuado decomisos también respecto de centollón bajo talla. ¿Cuál es el autocontrol que perciben ustedes en los pescadores?
- “Nosotros percibimos, en el último tiempo, una mayor toma de conciencia de ciertos dirigentes e incluso armadores que tienen faenas importantes y también en las empresas porque están tomando nota de la relevancia que tiene la sustentabilidad de su negocio. Estamos interactuando con ellos en un proceso que yo califico como incipiente. Percibo que lo están internalizando y es un camino que tenemos que recorrer aún. Pero, es muy difícil pensar que por sí solos, los organismos fiscalizadores van a dar cuenta de este problema. Tenemos que abordarlo en conjunto, especialmente con los agentes que tienen una visión de más largo plazo”.

- ¿Hay algún tipo de contacto con el pescador para cambiar sus hábitos extractivos?
- “Hay que partir de la base de que estas pesquerías son muy antiguas, por lo tanto, el pescador conoce la norma. Lo que falta es hacer un trabajo de información mayor hacia el agente extractivo porque a veces ocurre que la infracción llega a la persona que transporta una carga de centolla. Y esa carga es, a su vez, un acumulado de varios agentes extractivos que no son objeto de la infracción. Es un tema que tenemos que ver en cuanto a cómo llegar hacia ese agente extractivo para que filtre la captura que es ilegal”
.

-En algún momento se dijo que la extracción de erizo tenía un alto porcentaje de pérdida. ¿En qué estado se encuentra el control de la talla de este recurso?
- “También son fenómenos dinámicos. Un erizo puede estar dentro de la norma pero el color, la textura o la gordura de sus lenguas pueden no ser del tamaño adecuado y se transforma entonces en un producto de rechazo. En cuanto a la talla mínima, hemos hecho una campaña importante en los últimos dos años y, al menos, la información que maneja el Ifop indica que hemos mejorado ese indicador. Este año, nuestra percepción es que se mantiene el buen comportamiento”.

- Los trabajadores del Sernapesca efectuaron un paro, hace algún tiempo, y entre otros temas plantearon la falta de personal para fiscalizar. ¿Qué pasó después de la movilización?
- “Ese paro tenía dos planteamientos, uno, el mejoramiento de las remuneraciones y, dos, el incremento de la planta. Respecto de las remuneraciones hubo un mejoramiento para la mayoría, no para todos, y en cuanto a la planta, al igual que los servicios públicos en general, hoy es muy difícil de modificar. Lo que estamos haciendo en el Servicio Nacional de Pesca es apoyarnos en agentes externos a través del Fondo de Administración Pesquera, mediante el cual pueden contratarse funcionarios o personal para labores específicas. En el caso de esta región estamos esforzándonos para lograr un apoyo por esa vía”.

-¿Cuántas personas están dedicadas a fiscalizar?
- “El servicio cuenta con 16 funcionarios en diversos programas. El programa de fiscalización tiene dos funcionarios, lo que no quiere decir que los otros funcionarios no puedan prestar un apoyo de tiempo parcial”.

- Las fiscalizaciones se realizan en operativos conjuntos con la Armada.
¿Por qué el Sernapesca no cuenta con embarcaciones propias?
- “Nosotros hemos apostado a la integración y al trabajo en equipo con otras instituciones que también tienen la tuición de fiscalizar la Ley de Pesca; tanto la Armada como Carabineros son fiscalizadores de esta normativa.
Nosotros, realmente creemos en el trabajo en conjunto; por ejemplo, la fiscalización practicada por la Aduana permitió frustrar el envío de centolla, el viernes pasado. Hoy no visualizamos un servicio que cuente con embarcaciones propias porque eso también demandaría un costo sustancial en circunstancias que la Armada cuenta con los medios. Y en teoría, si tuviésemos una embarcación, tampoco podríamos ir solos porque necesitamos de la fuerza pública. Recordemos el incidente en lago Sofía donde se disparó en contra de los funcionarios que hacían un operativo apoyados por la Armada.
Yo no visualizo un trabajo con embarcaciones propias, sino un trabajo en equipo con la Armada”.

- ¿Qué pasa hoy con ríos y lagos? ¿Cómo se fiscaliza?
- “También hemos intentado atender ese tipo de situaciones. Hemos tenido alguna flexibilidad en cuanto a que están abiertas las posibilidades que nos cooperen particulares por la vía de ser nominados inspectores ad honorem.
Son personas que nos entregan información e incluso, algunas han pasado a la categoría de fiscalizadores de pesca deportiva. Trabajando también con la Armada y estos particulares hemos tenido resultados en cuanto a la incautación de redes o detectar la comercialización ilícita de salmonídeos”.

- A nivel nacional ha surgido una preocupación por la pesca ilegal que practican barcos en el borde de las 200 millas marinas. ¿Se da este fenómeno en la región?
- “No tenemos denuncias específicas al respecto. Lo que sí, como país y como región, estamos aplicando el decreto 123 que establece restricciones para el uso de nuestros puertos por parte de naves que no cuentan con dispositivos que permiten conocer la zona en que están pescando. Recientemente, no aprobamos el ingreso de un buque japonés que no tenía posicionador satelital.

Lo que sí tenemos en nuestro mar exterior es la operación de naves bacaladeras chilenas que están operando en esta región en forma ilegal.
Hemos cursado algunas infracciones y el tema es que estamos trabajando junto con la Armada para tratar de disminuir o eliminar esta acción ilegal de naves que proceden del puerto de Quellón y que vienen a pescar bacalao en forma ilícita. Hemos cursado este año cuatro infracciones y otra el año pasado, por faenas que hemos detectado a través de sobrevuelos hechos con la Armada”.

¿Qué tamaño tienen estas embarcaciones?
-“Son lanchas de 17 a 18 metros, algunas artesanales. Operan en caladeros de 800 metros de profundidad a los cuales tienen acceso empleando espineles.
Así extraen un producto que tiene un precio muy alto y volvemos a lo que señalábamos al principio. La actividad ilícita está asociada a la renta que genera y si ésta es alta, va a haber gente dispuesta a sacar la cuenta sobre el costo de ser infraccionado, versus la ganancia. Por eso estamos muy preocupados”.

- En la práctica, ¿qué significa la sanción?
Las multas pueden ser relevantes. A mí me ha llamado gente de Quellón que ha recibido las notificaciones y están muy preocupados porque los estamos denunciando acá en Punta Arenas. De partida hay una sanción monetaria y, eventualmente, si el operativo se coordina bien, pueden ser objeto de la incautación del bacalao al llegar a Quellón. No son sanciones mínimas ni despreciables, son importantes pero, obviamente estamos buscando la manera de sancionar con costos mayores para las embarcaciones. Estamos viendo la manera de llegar a las embarcaciones, incautar las artes de pesca y la captura, acá en la región. Estamos viendo formas y lo tenemos considerado de cierta prioridad en nuestra gestión”.

- ¿Cómo se hizo la fiscalización? ¿Se logró llegar a las embarcaciones?
- “Se han hecho dos sobrevuelos, se captaron fotografías, se tomó contacto radial con ellos y a través de los registros se ha identificado al capitán de la nave infractora y al propietario y ambos son citados a los tribunales.
El armador es responsable en forma solidaria”.

Multas pueden llegar a 9 millones de pesos

El alto precio que alcanza el bacalao -8 dólares el kilo- se ha transformado en un fuerte estímulo para la pesquería ilegal.

El Sernapesca había recibido diversas denuncias en torno a la actividad ilícita de embarcaciones provenientes de la Región de Los Lagos (Décima).
Según datos extraoficiales proporcionados al servicio, se calcula la operación de una verdadera flota que fluctúa entre 16 y 20 naves.

Un primer vuelo efectuado por un avión de la Armada, el año pasado, permitió detectar las faenas de pesca ilegal de una embarcación, que fue denunciada a los tribunales de Puerto Montt. Al arribar a puerto, el producto fue incautado.

El segundo vuelo tuvo lugar el 11 de abril pasado y durante el largo recorrido, que se prolongó por varias horas, fueron avistadas 13 embarcaciones, de las cuales cuatro se encontraban en faena no autorizada para la extracción de bacalao. Son ellas el San Jorge, con puerto de recalada en Puerto Montt y matrícula de Coquimbo; Rey Salomón, con puerto de recalada en Quellón y matrícula de San Vicente; Diego Armando, basada también en Quellón y matrícula de Lebu; y el Dalca, basada en Quellón y matrícula de Constitución.

A diferencia del primer caso, las denuncias de estos cuatro casos fueron realizadas ante tribunales de Punta Arenas. El objetivo del Sernapesca es hacer un mejor seguimiento de las causas de manera de solicitar a los juzgados civiles las más drásticas sanciones. De hecho, las multas pueden ascender a las 300 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a unos 9 millones de pesos.

Actualmente, la pesca de bacalao se encuentra regulada bajo el régimen de cuotas de captura, desde el paralelo 47 al sur. Desde este punto geográfico al norte no hay restricción; de esta forma, las embarcaciones traspasan esta línea, situada al norte de Puerto Edén, extraen en forma ilegal y lo declaran como capturado en zona habilitada.