Ecuador - Los contratos para buscar naufragios causan polemica

martes 12 de octubre de 2004

Quito.

Las contradicciones entre la Ley de Patrimonio y un Decreto de 1993 preocupan al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

El Decreto, firmado por el entonces presidente Sixto Durán Ballén, reglamenta la celebración de contratos para la repartición de los bienes patrimoniales de naufragios hallados en las costas del país.

Desde 1993, los ministerios de Defensa, Educación y Economía han firmado decenas de contratos con empresas buscadoras de bienes. Actualmente, siete compañías tienen concesiones de diferentes zonas marítimas para la búsqueda de naves naufragadas.

Para Carmen Rosa Ponce, directora del INPC, es necesario armonizar el Decreto con la Ley de Patrimonio. Específicamente con el artículo 7, que declara como bienes patrimoniales y, por lo tanto, indivisibles, los objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a las épocas prehispánica y colonial. "Al hacer un reparto no se está cumpliendo la Ley de Patrimonio vigente, que no contempla un reparto", señala.

Desde que está vigente el Decreto, el Estado ha realizado reparticiones con dos empresas: Subamerica Discoveries y Robcar. Con la primera firma se repartieron los bienes patrimoniales hallados desde 1997, en el galeón La Capitana, mientras que con la segunda empresa se concretaron dos repartos desde el 2001.

La regulación de las actividades de las empresas buscadoras de tesoros es una prioridad de las Naciones Unidas. Desde el 2001, la Unesco adoptó una Convención que prohíbe el saqueo de naves hundidas en el fondo marino y ciudades cubiertas por el agua por los buscadores.

Esa Convención fue enviada hace varios meses a la Presidencia de la República para su ratificación.

Para Javier Véliz, arqueólogo del proyecto de Robcar, lo importante es que las empresas cumplan con un trabajo profesional y entreguen al Estado piezas que, de otra forma, nunca serán conocidas por los ecuatorianos. Con este propósito, incluso, se creó un museo en Salinas, donde se exponen los bienes rescatados de los naufragios los últimos años.

Fernando Aguiar, subdirector de Capitanía de la Marina Mercante y del Litoral (Digmer), dijo que los contratos son legales y se fundamentan en el Reglamento de 1993.

La Dirección de la Marina se encarga de controlar y administrar los contratos. "Nosotros controlamos que las empresas tengan un plan de búsqueda y rescate de naufragios. Vigilamos que no se salgan del área asignada con dos buzos y un marino que los acompaña.

El dato
Una moneda puede llegar a costar hasta 20 000 dólares, según la rareza y antigüedad.

El país no comercia
Ecuador recibe una parte. El 50 por ciento de lo recuperado por las empresas se deposita en las bóvedas del Banco Central del Ecuador.

Las empresas venden. Luego de entregar una parte al Estado ecuatoriano, las empresas comercializan las piezas con coleccionistas.

El Estado no cobra. Para la concesión de contratos, las empresas deben pagar una garantía de 30 000 dólares. Esta se devuelve cuando termina la concesión.

Los bienes no deben ocultarse
Para la historiadora Sabrina Guerra, que está a punto de publicar un libro sobre la piratería en la época colonial en la Audiencia de Quito, lo esencial luego del rescate de piezas de naufragios es que ese material sea exhibido en algún museo y no retenido en bóvedas del Banco Central.

"No hay que satanizar el trabajo de las empresas privadas en el rescate de tesoros. En general muchos museos se han montado por la iniciativa de la empresa privada, que recupera esos bienes". Según Guerra, el trabajo que realizan las compañías en el fondo del mar es de mucha utilidad para reconstruir una parte de la historia poco conocida: la piratería inglesa y su influencia en los hundimientos de galeones en el Golfo. Los piratas ingleses llegaron muchas veces al puerto de Guayaquil en busca de madera y provisiones.