España - Acuicultura: El sector acuicola denuncia que la Ley de Costas frena su desarrollo

lunes 27 de octubre de 2003

Demanda que las comunidades autónomas asuman todas las competencias en la materia

Los empresarios afirman que el canon por ocupación de dominio público es discrecional.

Crisis de precios de la dorada

(Bea Costas | vilagarcía)

La aplicación de la Ley de Costas de 1988 impone «trabas» y una «limitación» para el desarrollo del sector acuícola en Galicia. Empresarios del sector y representantes del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) inciden en una inquietud que no es nueva, pero que, a pesar de que dio lugar a un intenso debate y a sentencias judiciales, sigue todavía pendiente de resolución.

«Queremos que se nos allane el camino, no que se nos pongan limitaciones», exigió el gerente de la asociación española de empresas de cultivos marinos (Apromar), Javier Ojeda. Éste puso de manifiesto el problema que supone la aplicación del canon por ocupación de dominio público a las granjas marinas, una tasa que, a juicio de Apromar, alcanza baremos «desorbitados» y, además, es discrecional, distinto según la provincia e, incluso, el municipio de que se trate.

Renovación de concesiones

Ojeda señaló que para las antiguas instalaciones de acuicultura había quedado establecido un precio de una peseta por metro cuadrado, pero a medida que caducan las concesiones administrativas y las empresas tienen que renovarlas, Costas está actualizando esa tasa en base a una fórmula de cálculo diferente. Así, en unos casos reclama un porcentaje sobre el valor de la inversión realizada y, en otros, un tanto por ciento sobre los
beneficios: «Por tanto, ahora se dan situaciones como que una empresa esté pagando menos de un céntimo de euro por metro cuadrado mientras otra, en la misma provincia, abona 25.000», comentó Ojeda.

Esto, según Apromar, ocurre porque el canon está pensado para el sector servicios y resulta demasiado costoso e inapropiado para la acuicultura.

Rosa Chapela, del Cetmar, coincidió con esta valoración: «A Ley de Costas fíxose para o turismo e limita á acuicultura». El choque de intereses entre las normas de Costas y la Xunta también genera conflictos a la hora de regular las concesiones marítimas, como las de las bateas.

Tramitación farragosa

Juan Fernández Otero, del CPAM, aludió al freno que también supone la burocracia para el sector acuícola en Galicia, un problema que se alivió parcialmente con la aprobación este año de un decreto por parte de la Consellería de Pesca que reduce a la mitad de tiempo una tramitación ya de por sí farragosa, dadas las múltiples Administraciones que confluyen a la hora de dictaminar sobre los usos de la zona marítimo y marítimo-terrestre.
«Hay que hacer un esfuerzo para simplificar los trámites, pues todavía se ponen muchas trabas a la hora de conceder permisos para las actividades acuícolas y el problema de los títulos habilitantes puede llegar a paralizar la acuicultura», advirtió Fernández.

Los empresarios de Apromar son partidarios de que las competencias en esta materia sean transferidas a las comunidades autónomas, puesto que consideran que son los organismos públicos que defenderían mejor los intereses del sector acuícola y así lo han planteado ya a la Administración del Estado.?