España - España advierte a Borg que no aceptará cambios en el reparto de cuotas

Madrid se niega a que la reforma del comisario altere la política pesquera común

miércoles 26 de abril de 2006

La ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, advirtió ayer en Luxemburgo que España no admitirá que la propuesta de la Comisión Europea para simplificar la política común de pesca (PCP) sirva de pretexto para modificar los criterios de reparto de cuotas, basados en el principio de estabilidad relativa. Ese principio garantiza que los aumentos y recortes en los totales admisibles de capturas (TAC) comunitarios se aplican proporcionalmente a las posibilidades de pesca de cada país, de forma que nadie sufre recortes ni disfruta de incrementos porcentualmente superiores al resto.

«Queremos anticiparnos a cualquier elemento distorsionante por un sentido elemental de prudencia», dijo la ministra, que asistió ayer en la capital luxemburguesa al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, en el que se debatió el plan del comisario Borg para simplificar y modernizar las normas de la PCP.

Espinosa reconoció que en el plan de Borg no existe ningún punto que se refiera específicamente a la modificación de la norma de la estabilidad relativa, pero subrayó que España prefería «advertir» a la Comisión de su postura para no tener luego que exigir modificaciones a textos que ya estén «sobre la mesa».

El comisario Borg, que no pudo asistir al Consejo al encontrarse recién operado de un problema de tiroides que le mantendrá alejado de su cargo hasta mediados de mayo, presentó en diciembre del 2005 un proyecto destinado a simplificar la normativa pesquera comunitaria mediante cambios formales en los métodos legislativos de su departamento.

Modificaciones de fondo

El plan se inscribe en un proceso global que la Comisión quiere aplicar a todo su acervo normativo, pero en el caso de la PCP, parte del sector pesquero ve en él la intención del Ejecutivo comunitario de dejar abiertas las puertas a futuras modificaciones de fondo en algunas materias muy sensibles, como el reparto de posibilidades de pesca, las tareas de inspección y control de capturas y descargas, y la aplicación de sanciones.

Para España, la simplificación de la legislación es positiva, siempre y cuando se dirija a limar las diferencias de interpretación de las normas y a facilitar su aplicación, pero no si pretende ir «más allá de ese contexto» y promover cambios «en los actuales planteamientos de la política pesquera».