Fuente: Transporte y Logistica, Barcelona
España - La Ley de Puertos pasa al Senado
viernes 12 de septiembre de 2003
Anteproyecto de ley
Dictamen de la Comisión
Como estaba previsto, el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde ayer finalmente al proyecto de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General por 164 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones, en una sesión parlamentaria en la que todos los grupos de la oposición mantuvieron sus enmiendas.
Las críticas más globales a la conocida coloquialmente como Ley de Puertos fueron las expresadas por los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), José Segura, y del Grupo Federal de Izquierda Unida (IU), Luis Carlos Rejón.
Segura ratificó el rechazo al contenido de la ley que su grupo ha mantenido a lo largo de toda la discusión en la Comisión de Infraestructuras, un rechazo que se centra, principalmente, en la falta de definición que, a su juicio, ostenta el modelo portuario propugnado por el Partido Popular (PP), que no hará más que incrementar la "maraña legislativa existente", propiciar fuertes incrementos tarifarios, que permitirá la autoestiba y favorecerá "que la iniciativa privada se apodere de las terminales marítimas". El diputado socialista se lamentó, además, de que se pierda una nueva oportunidad de estabilizar legislativamente el sector portuario y de que el partido en el Gobierno actúe independientemente del Parlamento Europeo, que está a punto de concluir una directiva al respecto.
Luis Carlos Rejón, de IU, criticó duramente el centralismo que subyace en la ley, la comercialización de los puertos, con actividades ajenas a su cometido, y el que se fomente directamente "la privatización del dominio público marítimo-terrestre".
Por su parte, Salvador Sedó, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), manifestó, en nombre de su grupo parlamentario, no estar en contra de la nueva configuración de los servicios portuarios, pero sí subrayó que el proyecto de Ley de Puertos no trata de forma adecuada la autonomía de gestión de los puertos y la participación de las Comunidades Autónomas. "La competitividad de los puertos pasa por una gestión descentralizada", resumió.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular (PP), Andrés Ayala, que defendió en su integridad el dictamen de la comisión, destacó que el proyecto de ley ha sido consensuado con los interlocutores sociales y "hasta donde ha sido posible, con los partidos políticos". Una buena muestra del buen ánimo del PP, dijo, ha sido la incorporación de 151 enmiendas en función de los consensos alcanzados. En su defensa del proyecto de ley, Ayala manifestó que se confunde autonomía con colaboración y, respecto a la estiba, que se privatizan de acuerdo con los empresarios y los sindicatos, "dejando de ser un servicio público para ser un mejor servicio al tráfico portuario".
"Estamos ante una ley que nos lleva a buen puerto, sólido, capaz, operativo y moderno", concluyó Ayala.
Juan José Otxoa, en representación del Grupo Vasco (PNV), hizo resaltar el hecho de que, de las 748 enmiendas al proyecto, "muchas han llegado vivas al Pleno", debido a que en la negociación con el Gobierno "se aceptaron cambios en la paja, pero no en el grano de la ley". El parlamentario vasco censuró el "recorte en la autonomía portuaria, en las competencias y en la actividad laboral". "Puertos del Estado supone una centralización total de la actividad portuaria", añadió.
El Grupo Mixto, representado por el diputado Guillerme Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), dio por defendidas sus enmiendas, y Luis Mardones, de Coalición Canaria, hizo lo mismo, aunque reivindicó que se tengan en cuenta las peculiaridades de los archipiélagos canario y balear.
B. Bertrand
