Fuente: Transporte y Logistica, Barcelona
España - La UE acuerda las sanciones a los buques que contaminen
lunes 13 de diciembre de 2004
Los embajadores de los Veinticinco ante la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para establecer un marco común de sanciones penales para los buques contaminantes que elimina la obligación de imponer penas de prisión y sólo contempla multas mínimas de hasta un millón y medio de euros para los casos más graves, según informó la presidencia holandesa.
La propuesta original de la Comisión, que se puso sobre la mesa después de la catástrofe del Prestige en noviembre de 2002, exigía que cada Estado miembro tomara las medidas necesarias para asegurarse de que los vertidos contaminantes fuesen castigados con penas de un mínimo de entre 1 y 3 años de cárcel, que en los casos más graves debían aumentarse a un mínimo de 10 años de prisión si se provocaban daños a la calidad del agua o la riqueza animal o vegetal. Esta iniciativa fue rechazada por Grecia, Chipre y Malta, países donde se concentra la mayor proporción de armadores de la Unión Europea.
Los tres Estados miembros vetaron durante meses el acuerdo argumentando que introducía una desventaja discriminatoria para los buques europeos respecto a sus competidores de terceros países.
Para salvar la oposición de chipriotas, griegos y malteses, los otros 22 países comunitarios han aceptado una solución de compromiso que consiste en que cada Estado miembro podrá imponer penas de prisión sólo a los responsables de los buques que lleven su pabellón nacional. Esto supone que, por ejemplo, España no podrá dictar penas de prisión contra un buque de pabellón chipriota excepto en los casos ya autorizados por la Convención Internacional Marpol.
La posibilidad de imponer penas de prisión armonizadas en la Unión Europea volverá a examinarse dentro de cinco años a partir de un estudio de impacto económico que deberá presentar la Comisión, que podría incluir nuevas propuestas en este sentido.
Como contrapartida, Grecia, Chipre y Malta se comprometen a apoyar una posición común en la Unión Europea para lanzar un procedimiento de revisión de Marpol, cuyo objetivo sería reforzar las medidas de prevención de la contaminación por petróleo, y eliminar todas las excepciones a la prohibición de descargar estos productos en alta mar. De esta manera se cumple la exigencia de los tres países de que los avances en esta materia se realicen a nivel internacional y no sólo en la Unión Europea.
El compromiso final sobre sanciones penales sí que mantiene las multas penales o administrativas. La cantidad mínima que deberán pagar los responsables de vertidos contaminantes en los casos más graves asciende a un millón y medio de euros. El acuerdo debe ser todavía ratificado a nivel ministerial.
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