Fuente: Transporte y Logistica, Barcelona

España - Ley de Puertos: CiU basa su veto a la futura ley en el Senado en el recorte de competencias

viernes 10 de octubre de 2003

El grupo parlamentario catalán en el Senado basó su propuesta de veto a la futura Ley de Puertos en que en el texto legal "se producen unas modificaciones que no pueden ser asumidas". A juicio de Convergència i Unió (CiU), un análisis del proyecto de ley "permite constatar que los principales objetivos perseguidos por el Gobierno son, por un lado, incrementar de manera importante la liberalización de los servicios portuarios y, por el otro, la recuperación de facultades de control, coordinación y gestión portuaria por parte de la Administración central y del ente Puertos del Estado", que incrementará su intervencionismo.

CiU considera que el proyecto de ley "se caracteriza por una notoria densidad reguladora, que implica un incremento del número y del nivel de detalle de las previsiones actuales". A du juicio, esto desemboca en una menor autonomía de las autoridades portuarias en cuanto a capacidad de decisión y gestión.

Esto se pone de manifiesto, a juicio del grupo parlamentario catalán, en la regulación de las tasas y tarifas portuarias. Según CiU, la autonomía financiera y la competitividad de las autoridades portuarias "quedarían menos afectadas si se respondiera a las exigencias de esta reserva de ley desde una mayor flexibilidad que la introducida en el proyecto".

Por lo que respecta a los servicios comerciales, CiU considera que "condiciona" el principio de libertad tarifaria. "Otro tanto sucede con la concreción de los regímenes de planificación, presupuestario, tributario, de funcionamiento y control", añade el grupo parlamentario catalán en su propuesta de veto a la futura Ley de Puertos.

Asimismo, a juicio del grupo parlamentario catalán, el proyecto prevé "una larga cadena de instrumentos planificadores, sucesivos o paralelos, hoy inexistentes", lo que implicará "mayores carga en relación a la elaboración de documentos", limitando y obstruyendo la actuación de las autoridades portuarias.

CiU reconoce que, aunque el texto no suprime los poderes que la Ley 62/1997 atribuyó a las comunidades autónomas sobre las autoridades portuarias, "sí que contiene un buen número de previsiones concretas y también su filosofía general, que comportan una sensible reducción de estos poderes, al disminuir de manera notoria la autonomía de decisión de las autoridades portuarias".

C. A .