Fuente: La Opinion, La Coruña
España - Piratas del siglo XXI
CASO IGLEVAZ / LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR EÓLICO E HIDROELÉCTRICO EN GALICIA
martes 21 de febrero de 2006
EEUU considera a Antonio Vidal, que gestiona licencias eólicas e hidroeléctricas de la Xunta, como el primer `pirata pesquero´.
J.L. Álvarez / M. Ballesteros.A Coruña
Antonio Vidal Pego, el armador coruñés que gestiona empresas a las que la Xunta del PP otorgó concesiones para construir y explotar minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos, se ha convertido en el protagonista del primer proceso judicial emprendido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por un caso de piratería pesquera.
El armador -residente en Ribeira y que comparte relaciones societarias con Luis Castro Valdivia, cuñado del ex director xeral de Industria y gestor de 33 sociedades energéticas, algunas de ellas participadas por el presidente de la patronal gallega y por la mujer y los hijos del alcalde de A Coruña- está acusado de introducir en Estados Unidos casi 25 toneladas de merluza negra, una especie protegida que también se conoce como bacalao de profundidad.
Sus problemas con la justicia estadounidense, de la que es prófugo con una orden de búsqueda tramitada a través de la Interpol, no le impidieron representar ante la Xunta a la empresa Eólicos do Morrazo, SL, a la que el Gobierno gallego, ya en funciones tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP, otorgó el pasado mes de julio autorización para construir y explotar un parque eólico en el municipio lucense de Ourol.
El fiscal del distrito sur de Miami que dictó una orden de búsqueda y captura contra Antonio Vidal, R. Alexander Acosta, está convencido de que el armador coruñés era consciente de que la merluza negra era una especie protegida y de que, por eso, falseó la documentación aduanera con la que exportó la mercancía desde Singapur hasta Estados Unidos.
Los cargos presentados contra Antonio Vidal Pego -delito medioambiental, falsedad, fraude y obstrucción a la justicia- están castigados con un total de 35 años de prisión, además del pago de una multa de 500.000 dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos cuenta con dos importantes aliados en su batalla legal contra el armador coruñés: Oceana, la organización para la defensa de los océanos que promovió el español Xavier Pastor, y Colto, la asociación de pescadores legales de merluza negra.
Esta última asociación profesional lleva años recopilando información acerca de los furtivos en aguas australes, entre los que sitúa a Antonio Vidal en un lugar destacado. El armador al que la Xunta adjudicó discrecionalmente varias minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos figura en el fichero de delincuentes de la Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra.
Antonio Vidal Pego, cuyo historial profesional está plagado de apresamientos, sanciones y naufragios de sus barcos en varios países del mundo, está al frente de un entramado de empresas españolas y uruguayas entre las que figuran compañías como Navalmar, Iliad, Ligont, Plestin, Kessel y Falidur. Su organización mantiene contactos profesionales con un grupo de armadores gallegos que también están siendo investigados por las autoridades norteamericanas y que tienen su base de operaciones en Chile.
La Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra asegura en un informe que este grupo de armadores gallegos "se dedican a la pesca furtiva desde el principio, pero últimamente alcanzaron un notable nivel de cooperación que les permite planificar operaciones, compartir oportunidades y repartir riesgos".
Las autoridades estadounidenses disponen de una lista de 26 barcos que, según la información facilitada por la Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra, pertenecen a "la organización gallega". Cinco de estos buques ya han sido apresados, otros dos todavía no comenzaron a faenar y un tercero no se dedica a la pesca, sino únicamente al transporte, pero los 18 restantes continúan activos.
Uno de estos buques es el Hamer, anteriormente llamado Carran, al que el Departamento de Justicia de Estados Unidos atribuye la pesquería de las 24 toneladas de merluza negra introducidas ilegalmente en Estados Unidos para su comercialización.
Este barco, de 53,4 metros de eslora y 9,5 de manga, fue construido en 1990 y lleva bandera de Togo. El pesquero pertenece a la empresa Navalmar, que en ocasiones se lo alquila a Fadilur, otra empresa relacionada con el armador coruñés. El Hamer o Carran fue avistado durante los últimos años en mares de los cinco continentes, incluso en zonas en las que está prohibida la pesca industrial.
La mayor parte de los buques pertenecientes al grupo de armadores gallegos a los que la Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra acusan de furtivismo están registrados en Uruguay, aunque la Fiscalía de Miami cree que la organización cuenta también con una factoría en China. En un informe de la asociación de pescadores legales que obra ya en poder de las autoridades norteamericanas se sospecha que los furtivos cuentan con la complicidad de las autoridades de ambos países, especialmente en el caso uruguayo. "Teniendo en cuenta que varias de las embarcaciones involucradas en la organización gallega están registradas en Uruguay, está claro que el éxito de esta organización en las operaciones de pesca en zonas prohibidas se basa en la actitud complaciente de autoridades y funcionarios uruguayos", puede leerse en el informe.
