España y Australia piden el bloqueo de todos los puertos a la pesca ilegal

viernes 12 de marzo de 2004

Reclaman un pacto para evitar distorsiones de los precios y que se esquilmen los caladeros El negocio clandestino en la zona austral se eleva a más de 600 millones de euros

(la voz | vigo)
España y Australia, tan cerca y tan lejos. Representantes de las Administraciones pesqueras de ambos Estados y el sector productor gallego coincidieron ayer en Vigo en proponer al resto de países del planeta estrechar el cerco a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entre otras cuestiones, este fenómeno causa graves distorsiones de precios en el mercado, esquilma caladeros regulados, origina el descalabro de empresas legales e incluso provoca cortocircuitos diplomáticos entre Gobiernos cuando existen apresamientos de buques en condiciones poco claras a efectos legales.

Como botón de muestra, en las aguas bajo la jurisdicción de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR) se genera un negocio de unos 600 millones de euros anuales con la pesca clandestina de varias especies, entre ellas la merluza de cola negra.

Abastecimiento

Tanto España como Australia han enarbolado en los últimos años la bandera contra la pesca ilegal. España, para restar la dañina proyección de esquilmadores del mar de epocas anteriores y habida cuenta de que la mayoría de las necesidades de su abastecimiento las cubre faenando en aguas de terceros países; mientras que Australia es el paraíso de varias especies de alto valor comercial, como la merluza o el róbalo de profundidad, que llega a costar en el mercado hasta 300 euros el kilo, más o menos como las angulas españolas.

Las autoridades de Canberra han decidido recientemente prohibir el atraque de buques que sean sospechosos de llevar en sus bodegas pesca ilegal. Ni siquiera se les permitirá demostrar lo contrario en puerto; basta con que arrojen una sombra de sospecha.

Por su parte, España dispone de un plan nacional de lucha contra la pesca ilegal que, entre otras medidas, ya establece el cierre de un puerto para una nave que pretenda descargar pesca ilegal.

Además, la legislación española también prevé situaciones como la creación de un registro de buques con bandera de conveniencia que actúen ilegalmente, que se actualiza con cierta frecuencia.

Incumplimientos

En la mesa redonda de ayer en Vigo participaron representantes de Australia, de la Administración central y de la Xunta, además de portavoces de las empresas productoras de pesca. En la conferencia internacional que en el año
2002 se celebró en Santiago sobre este tipo de actividades, se fijaron unos parámetros de lucha que, hasta ahora, poco o nada se han aplicado.

Mientras, en foros internacional piden a gritos que se acabe con estas situaciones, porque sus mercados sufren y sus empresas y tripulantes padecen las consecuencias de las crisis de los precios.

Además, ni siquiera la primera de las armonizaciones interiores comunitarias se cumple, puesto que cada Estado miembro sanciona de una manera y con una cuantía distinta incluso si se trata de irregularidades similares.