Panama - Servicios de faros y boyas pasan a la Autoridad Mairitima

lunes 15 de diciembre de 2003

JEAN MARCEL CHERY
Y JOSE OTERO

A partir de hoy, lunes, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asumirá la responsabilidad de brindar el servicio de ayuda a la navegación en los puertos, que incluye el mantenimiento de faros y boyas, dijo ayer el contralor, Alvin Weeden.

Ese es el efecto inmediato por la suspensión del contrato, suscrito el 18 de diciembre de 1997, entre la antigua Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC), ordenada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el pasado viernes.

En el año 2000, la Contraloría General de la República interpuso ante la Sala Tercera una demanda para que se declarara nulo, por ilegal, el contrato entre la APN y PECC. En su fallo, la Sala Tercera sustentó que el contrato viola la ley, porque, mediante este, la APN dio en concesión bienes, servicios, funciones y recaudaciones que formaban parte del patrimonio de dicha entidad. La sentencia, que lleva la firma de los magistrados Jacinto Cárdenas (sustanciador), Winston Spadafora y Adán Arnulfo Arjona, también determinó que con el contrato en mención se afectó el patrimonio estatal en más de 9.3 millones de dólares.

Al respecto, Weeden dijo que se siente satisfecho con el dictamen de la Sala Tercera y espera que esta acción se refleje en el pleno de la Corte, para reivindicar la lesión patrimonial sufrida por el Estado.

Por otro lado, una fuente judicial explicó a La Prensa las razones por las cuales el magistrado Spadafora y su suplente Cárdanes firman ese fallo de la Sala Tercera.

Inicialmente el magistrado ponente de este caso, Arturo Hoyos, elaboró un proyecto borrador en el que consideraba legal el referido contrato. Hoyos le corrió traslado a los otros dos magistrados de la Sala Tercera, Spadafora y Arjona, quienes se opusieron a la opinión del sustanciador.

Cuando las observaciones de Arjona y Spadafora fueron devueltas al despacho del magistrado Hoyos, este último se encontraba de vacaciones, por lo que le correspondió a su suplente, Jorge Fábrega, elaborar un contraproyecto.

La fuente explicó que Fábrega se declaró impedido, aduciendo que la firma de abogados para la cual labora era parte en este caso.

El impedimento de Fábrega no fue discutido en el pleno porque el magistrado suplente salió del país. Luego, basado en los reglametos del pleno, se efectuó un sorteo entre el resto de los magistrados suplentes y le correspondió a Cárdenas ser el ponente en este caso, quien acogió las observaciones de Spadafora y Arjona, y finalmente se falló unánimemente a favor de la suspensión del contrato entre APN y PECC.

A su vez, la decisión adoptada por el magistrado César Pereira Burgos de ordenar la liberación de los bienes del ex presidente Ernesto Pérez Balladares -considerado por la Contraloría como "responsable solidario" en la supuesta lesión patrimonial- será apelada hoy por el magistrado presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, Ricardo Acevedo.