Peru - Anteproyecto de ley de puertos debe ser mejorado

lunes 23 de septiembre de 2002

Advierten gremios portuarios

Algunos puntos del anteproyecto de ley de puertos deben mejorarse, sobre todo el referido al funcionamiento de la futura autoridad portuaria, señalaron representantes del sector.
Luis Olivares, presidente de la Asociación de Agentes de Aduana del Perú (AAAP), dijo que la autoridad portuaria no puede ser juez y parte en la fiscalización de las tarifas, por lo que debe dejar al Ositran, como organismo independiente, cumplir su rol.
"Hay cosas ajenas a la ley de puertos que también deberían ser revisadas y, en el caso de la regulación, no sólo se debe incluir el tema portuario sino también a otras áreas de servicios públicos", aseveró.
Respecto a las zonas de actividad logística (ZAL) portuaria, dijo que el anteproyecto recoge algunas opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas que desvirtúan su objetivo, "no se debería impedir que empresas internacionales que quieren vender productos al Asia instalen maquinaria en el puerto del Callao y, con algún insumo o mano de obra peruana, fabriquen una parte del producto final y armen alguna pieza para venderla en otro país", opinó.
Olivares aseguró que no se afectaría el erario nacional, sino que se generaría puestos de trabajo.
El presidente de la Asociación de Operadores Portuarios (Aspor), Luis Tapia, afirmó que debe especificarse cómo funcionará la autoridad portuaria, ya que como ha sido redactada "podría prestarse a confusiones o malinterpretaciones".
Alertó sobre la duplicidad de funciones que representaría el hecho que este organismo proponga las tarifas y Ositran las defina.
Para Tapia, otro punto de confusión es el referido al mecanismo de contratos y cómo se llevará a cabo el plan de desarrollo portuario nacional.
Comparando
Según Ricardo De Guezala, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (Apam), la autoridad portuaria debería encargarse tanto de la fijación de tarifas como del manejo de la actividad portuaria, siguiendo el modelo de Estados Unidos, Europa y hasta Chile donde no existen organismos reguladores.
A su turno, John Hartley, presidente del Consejo Nacional de Distribución Física Internacional de Mercancías (Conudfi), reclamó mayores precisiones al proyecto, como en lo que se refiere a la diferenciación entre dueños de carga y operadores portuarios, dado que puede confundirse los derechos y obligaciones de cada uno.
Para Javier Labarthe, vicepresidente de la Asociación de Armadores del Perú (AAP), lo que es necesario definir con mayor precisión es cómo y cuándo se promocionará las inversiones en el sector. Aseguró que varios inversionistas interesados en invertir en los puertos regionales están esperando las disposiciones de la nueva ley de puertos.
A su turno, Eduardo Carhuaricra, presidente de la comisión de Transportes y Comunicaciones del Legislativo, manifestó su preocupación porque no se ha incluido en el presupuesto público del 2003 la inversión mínima (S/. 10
millones) que necesitan los puertos para iniciar su modernización.
Dijo que en el caso se requiera de mayores inversiones, tendría que recurrirse al capital privado, o al propio gobierno, lo que dependerá de la capacidad de gestión de cada puerto.

Lo positivo
Los líderes gremiales consultados por EXPRESO coincidieron en que lo positivo es que se haya excluido los puertos, infraestructura e instalaciones portuarias a cargo de las Fuerzas Armadas por cumplir fines propios de la Defensa Nacional.
También se mostraron a favor de que a partir del 2003 el Ministerio de Transportes destine un monto que resulte mayor a por lo menos el 5% del presupuesto anual de inversión del subsector transportes al Sistema Portuario Nacional, así como que cada compromiso contractual deba ser conocido por la comunidad portuaria antes de su aprobación.