Peru - Camara de Comercio rechaza criticas de Arturo Woodman a Proyecto de Ley de Puertos.

viernes 20 de septiembre de 2002

Considera que propuesta sí promueve competitividad

El presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima enfatizó que el Proyecto de la Ley de Puertos actualmente en debate en el Congreso de la República, no genera una mayor burocracia ni atenta contra las inversiones, rechazando así las recientes declaraciones del ex presidente de Confiep y actual director de Tramarsa, Arturo Woodman. Hizo hincapié que la propuesta presentada no está referida a una ley para regular la inversión privada en los puertos.

Eduardo Amorrortu añadió que resulta asimismo inaceptable que Woodman desconozca ahora todo lo actuado, no obstante las innumerables reuniones de coordinación que se han dado al seno del grupo que se conformó con los gremios, para elaborar el Proyecto de la Ley de Puertos.

"Si el Sr. Woodman hubiera interpretado correctamente el contenido del proyecto con una persona que conozca de la materia, se habría dado cuenta de la inexactitud de sus afirmaciones porque resulta inadmisible que diga que el consenso alcanzado para la aprobación del proyecto, en la Comisión Multisectorial, es porque a cada uno se le ha dado lo que ha querido", subrayó Amorrortu.

Recientemente en declaraciones a Gestión Woodman expresó su desacuerdo con el citado proyecto, en vista que el mismo no es promotor de la inversión privada en la actividad portuaria. "En los puertos, lo que se quiere básicamente es eficiencia y que bajen los costos, para lo cual se requiere inversión, pero esta ley no promueve ni atrae la inversión", subrayó.
Cuestionó además lo que consideró un incremento de la burocracia con esta norma, al disponer la creación de un directorio general en Lima, con once funcionarios, sumado a la formación en cada puerto, de entes con ocho directores más.

Inversiones

Amorrortu recordó que el proyecto no está referido a una ley de regulación de la participación de la inversión privada en los puertos, sino que pone en orden el Sistema Portuario Nacional.

Sin ser una ley de regulación de la inversión privada, el proyecto reconoce la importancia de su participación, proponiendo varias formas de hacerlo, no exclusivamente en una posible administración de los puertos y terminales, sino también en equipamiento e infraestructura nueva, dijo.

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo Portuario, "que es algo que también le molesta al Sr. Woodman", Amorrortu dijo que se debe tener en cuenta que la planificación es una herramienta indispensable para conocer qué es lo que se tiene, a dónde se desea llegar y cómo hacerlo.

Burocracia

Con relación a la autoridad portuaria prevista en el proyecto, Amorrortu dijo que es una forma reconocida internacionalmente como la más adecuada para ejercer la administración y regulación de los puertos de un país.

El proyecto prevé asimismo un directorio público-privado que es una fórmula igualmente reconocida internacionalmente para mejorar los procesos de decisión y sirve de filtro de la discrecionalidad del Estado en una actividad privada como la administración de los puertos, pero a su vez prevé una participación del sector privado en el directorio, para lograr una mayor eficiencia con respecto a la burocracia del Estado, que sí se daría, si el directorio fuera nombrado por el Gobierno.

Tampoco es cierto, señalo Amorrortu , que la Autoridad Portuaria Nacional tendrá direcciones regionales porque se ha considerado que la APN será la única autoridad competente en los puertos, pues tendrá que realizar varias funciones tanto de regulación como de control, que hoy se encuentran dispersas.

Por el expuesto, dijo Amorrortu, no es correcto señalar que el proyecto fomente mayor burocracia, sino más bien elimina la duplicidad de funciones concentrando las decisiones en una sola entidad técnica que es la APN.