Peru - COMEX: Proyecto de Ley de Puertos es una bomba a punto de estallar en comercio exterior.

lunes 23 de septiembre de 2002

Denuncia que los operadores que pertenezcan a la Autoridad Portuaria Nacional tendrán facilidades para adjudicarse algunas concesiones e influir en la fijación de tarifas

"¿Es el objetivo de este proyecto de ley privatizar el sistema portuario?
Creemos que no". Así concluye Comex un análisis del proyecto de la Ley de Puertos que se debatirá en el Congreso. El gremio empresarial considera que la aprobación de esta ley -tal cual está- hará muy difícil avanzar en materia de concesiones, y más bien señala que puede beneficiar a operadores de servicios portuarios ineficientes con altos márgenes de ganancia, lo cual perjudicará a todo el país. Por ello demanda la corrección urgente de este proyecto de ley.

La aprobación del proyecto de ley de puertos presentado por la comisión multisectorial y avalado por el Poder Ejecutivo tal y como está, condenaría el desarrollo del comercio exterior peruano, señala Comex.

El proyecto -considera el gremio empresarial- está lleno de contradicciones, duplicidad de esfuerzos y ambigüedades, desde el planteamiento de sus objetivos.

"Quien ingenuamente piense que este proyecto busca por medio de la concesión de los puertos, reducir los costos extraordinarios al comercio exterior generados por la ineficiencia logística, se equivoca", sostiene el gremio empresarial.

Al respecto cabe anotar que según el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima, el referido proyecto no busca regular la participación del sector pirvado en los puertos.

Comex argumenta que "basta ver el artículo del proyecto que declara que la modernización por parte del sector privado en la infraestructura portuaria es un objetivo "siempre que la inversión necesaria supere las posibilidades económicas del subsector transporte" , es decir del Estado.

En ese sentido el gremio empresarial recuerda que según el marco legal vigente el sector público no debe participar en actividades empresariales que resulten atractivas para el privado, y sólo debe hacerlo en aquellas cuya única rentabilidad es social.

Por ello, -argumenta Comex- el Estado debe dejar de gestionar la administración de los principales puertos, en los que hay incentivos para la entrada de capitales privados no sólo porque es imposible que logre en el corto plazo invertir los cerca de US$ 340 millones necesarios para modernizarlos, sino también porque estaría distrayendo recursos que podrían estar mejor asignados a otros fines

La autoridad portuaria nacional cuestionada

El segundo factor que con certeza generará una contracción en la inversión privada, señala Comex, es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que incluye en todas sus instancias a representantes del sector privado, y que contará con 11 directores generales, un gerente, un consejo consultivo de 8 miembros además de una Dirección Portuaria Regional por cada puerto o conjunto de puertos del país; cada una de estas últimas estará conformada por un directorio de siete miembros y una gerencia general.

El gremio empresarial exportador lo califica de "monstruo burocrático" -compartiendo así la críticas que Arturo Woodman había manifestado a Gestión- constituido por más de cien personas y absorberá a partir del 2003 por lo menos 5% del presupuesto anual de inversión del subsector transporte o un total de US$10 millones anuales, y las funciones que se les han asignado son fuente de controversias.

La APN tendrá a su cargo entre otras funciones elaborar y proponer los planes de inversión pública en materia de desarrollo portuario, facilitar las concesiones del sector privado en áreas de desarrollo portuario, autorizar y normar las zonas de actividades logísticas y cualquier actividad existente en éstas, entre otras.

Al respecto Comex considera que deben respetarse las competencias de entidades como el Ministerio de Transportes, Ositran, como organismo regulador, o Proinversión, como responsable de los procesos de privatizaciones y concesiones; las cuales fueron creadas como instituciones autónomas entre sí, justamente con la intención de lograr decisiones equilibradas.

Además el gremio empresarial señala que los operadores que pertenezcan a la APN tendrán entonces facilidades para adjudicarse algunas concesiones, en especial las de servicios secundarios que resultan ser las más rentables e influir en la fijación de tarifas. "Esta inminente distorsión en el mercado no sólo es éticamente cuestionable, sino además será un factor que limite la entrada de agentes privados al sector", manifiesta Comex.

Preguntas por contestar, según Comex

. ¿Es transparente encargar a la Autoridad Portuaria Nacional, que incluye a miembros privados con intereses en la actividad portuaria, la decisión para concesionar?

. ¿Se puede privatizar un organismo regulador?

. ¿Será el Congreso capaz de aprobar una ley como ésta (haciendo alusión a sus cuestionamientos)?