Peru - Empresas de Reategui y amigo de Toledo se oponen a norma contra pesca ilegal

miércoles 19 de mayo de 2004

Presentan acciones de amparo contra decreto del Ministerio de la Producción para impedir aplicación de sistema de control y vigilancia, que paradójicamente promulgó Javier Reátegui

INTERROGANTE ¿Habrá influido en Reátegui posible presión de Dyer a través del presidente Toledo?

Se considera pesca ilegal a: 1.- La pesca realizada por embarcaciones que operan sin licencia o permiso, 2.-La pesca realizada por embarcaciones que sin autorización han incrementado su capacidad de bodega, y, 3.- La pesca realizada en época de veda o cierre temporal de puertos.

El año pasado los empresarios agrupados en la Sociedad Nacional de Pesquería
(SNP) y el Ministerio de la Producción (PRODUCE), que entonces dirigía Javier Reátegui, decidieron coordinar la creación de un sistema de control y vigilancia en 216 puntos del país para erradicar la pesca ilegal, que desde hace años está causando un grave daño a la economía y la depredación de la biomasa.

Por falta de recursos, el Estado no podía combatir eficientemente la pesca ilegal y se imponía, por tanto, un sistema financiado por los propios empresarios pesqueros.

Luego de concertar acciones, la SNP se comprometió a aportar la totalidad del financiamiento (US$6.5 millones) y el pasado 17 de enero del 2004, luego de la promulgación del Decreto Supremo 027-2003-PRODUCE, por parte de Reátegui, el nuevo sistema de control y vigilancia empezó a regir.
Un vistazo a la ilegalidad

Según estadísticas oficiales, al año se pesca ilegalmente en el Perú un millón 350 mil toneladas métricas (valuadas en US$101 millones 250 mil).

Además son unas 550 las embarcaciones que operan al margen de la ley y hay una capacidad de bodega ilegal estimada en 43 mil toneladas métricas.

Hasta enero del 2004, en que el PRODUCE tenía a su cargo la labor de supervisión, sólo 16 inspectores eran destinados a esta función.

Luego de seleccionarse a SGS para llevar a cabo el sistema de supervisión y control, esta empresa ya ha invertido US$326 mil y capacitado a 626 personas.

¿Saco roto?

Sin embargo, todas estas esmeradas acciones para combatir la pesca ilegal podrían caer en saco roto si un grupo de empresas pesqueras logran que prosperen las acciones de amparo que han presentado contra el PRODUCE negándose a aceptar el sistema de control y vigilancia aprobado por este ministerio para erradicar la pesca ilegal.

Lo que genera suspicacias es que tres de las empresas que han presentado amparos son Corporación Pesquera Inca S.A., de propiedad de Samuel Dyer, amigo personal del presidente Alejandro Toledo; Pesquera Coishco S.A., de la cual es accionista -según información de Infocorp- el actual ministro del Interior, Javier Reátegui; y Pesquera Garrido, de propiedad del grupo Wong.

¿Qué aducen?

En las demandas de amparo, las tres empresas expresan una serie de argumentos para oponerse a un nuevo sistema de control que ha sido financiado por varios pesqueros formales.

Como argumentos señalan que la supervisión los obliga a pagar por funciones que les corresponden al Ministerio de la Producción, y que se crean infracciones y sanciones no tipificadas en la Ley General de Pesca ni su reglamento.

Además señalan que la SNP no tiene representatividad para comprometer a empresas que no están afiliadas a dicha entidad (como Copeincia, Coishco y Conservera Garrido) "al pago de sumas de dinero millonarias por un programa de control".

De prosperar estos amparos, serán un precedente para que otras empresas neutralicen este sistema de control.

Si bien las versiones de los involucrados están plasmadas en los amparos, Correo intentó comunicarse con voceros del grupo Wong, pero éstos aseguraron que hoy recién nos darán a conocer su versión.

¿Contradicción?

La pregunta que queda flotando es: ¿cómo resulta posible que una empresa de la cual Reátegui es accionista (Pesquera Coishco) presente un amparo contra una norma que el mismo ministro diseñó y promulgó cuando era titular de Producción?

En el ambiente empresarial circulan dos versiones: 1.- Que la amistad de Reátegui con Dyer pudo más y le hizo dar marcha atrás y 2.- Que Reátegui no ha podido hacer nada ante una decisión de la mayoría de socios de Coishco, dado que él es accionista minoritario