Peru - Gremios empresariales cuestionan proyecto de ley de puertos del congreso.

viernes 20 de diciembre de 2002

Sostienen que dictamen aprobado en Comisión de Transportes no facilita el comercio exterior ni la competitividad del país

Las asociaciones empresariales representativas de los gremios que agrupan a los dueños de cargas de exportación e importación, usuarios y proveedores de servicios marítimos portuarios y titulares de puertos privados, pusieron en conocimiento su posición con relación al proyecto de Ley Nacional de Puertos aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
Señalaron que el dictamen aprobado, en lugar de perfeccionar el anteproyecto elaborado por la Comisión Multisectorial, produciría una norma que constituirá un obstáculo para el desarrollo y la modernización de los puertos.

En representación del sector privado, la Confiep, Adex, ComexPerú, Conudfi, la Cámara de Comercio de Lima, SNI, SNP, SNMPE, AAAP y la Cámara Nacional de Producción Comercio y Servicios, afirmaron que si el dictamen, aprobado por la citada comisión del Congreso, del proyecto de Ley de Puertos se convierte en ley perjudicará los esfuerzos destinados a facilitar el comercio exterior peruano, a fomentar las inversiones y a lograr la necesaria reforma de los organismos públicos encargados de organizar y controlar el Sistema Portuario Nacional.

En tal sentido, dichos gremios han elaborado un documento que es el resultado del consenso logrado en el sector privado y contiene las observaciones sustanciales y propuestas de cambios concretas que deben ser incorporadas al dictamen de la Ley de Puertos de la Comisión de Transportes, a fin de hacerlo viable y compatible con el modelo económico vigente, documento que se ha trabajado siguiendo las recomendaciones establecidas por la UNCTAD, el Banco Mundial y la Comunidad Económica Europea, tal como se aplican en los países que buscan la competitividad de sus puertos.

Sostienen que mediante el dictamen se pretende regular de una manera no moderna el comercio internacional, impidiendo que éste se rija por las leyes del libre mercado y por acuerdos y/o tratados internacionales basados en las recomendaciones de organismos como la OMC.

Tarifas

Refieren que mediante una ley nacional no se puede influir en las tarifas o pretender mejorar la calidad de los servicios portuarios, ya que tales factores deben ser el resultado del establecimiento de un sistema portuario con un control público simplificado y único que actúe respecto de las naves y carga que transita o se almacena en los recintos portuarios (criterio de ventanilla única) incorporando en todos los actos administrativos y de comunicación el uso obligatorio de medios electrónicos.

También indican que el fomento de una participación decisiva del sector privado sólo se logrará si se reforman las instituciones públicas y privadas que actualmente tienen injerencia en el acceso de las naves a los puertos.
De nada sirve tener puertos públicos con tarifas portuarias bajas, si el ingreso y estadía de las naves resulta oneroso, complicado y sujeto a disposiciones que desconocen los avances tecnológicos en materia de operación de naves comerciales, provocando que las exportaciones generadas en las regiones no se puedan despachar desde los puertos más cercanos a las zonas de producción, sino que deban utilizar el puerto del Callao, encareciendo nuestra oferta exportable y haciéndola menos competitiva.

Propuesta

Por ello entienden que resulta imprescindible la inmediata reorganización de la DGTA, de la DICAPI y de los servicios de practicaje, cuyas intervenciones, en la actualidad, en vez de facilitar el comercio exterior peruano lo encarecen y lo hacen menos competitivo, desalentando además el cabotaje.

Los gremios demandan la creación de una Autoridad Portuaria Nacional que actúe bajo el mecanismo de un simple y efectivo sistema de "ventanilla única", tal como lo recomiendan los organismos internacionales y como existe, con notable éxito, en los países con los puertos más competitivos del mundo. Ello permitirá integrar eficientemente los puertos peruanos a la cadena logística mundial logrando que la carga peruana cuente con puertos distribuidores, especialmente en Europa lo que, a su vez y aprovechando la ventaja que ofrece la privilegiada ubicación geográfica del Perú, facilite a los países de ese continente la centralización de sus cargas a través de puertos peruanos para destinarlas a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y el Sur Oeste de Brasil y, más importante aún, lograr que éstos sean el nexo o puente para las cargas de los países asiáticos destinadas a los Estados Unidos, Canadá y México.

La creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y las Autoridades Portuarias Regionales (APR), indican, debe estar orientada a promover el desarrollo eficaz de los puertos públicos basándose en la participación activa del sector privado, en reconocimiento del rol subsidiario del Estado en el desarrollo portuario según la Constitución y a promover la gestión y patrimonio de los "puertos privados" como generadores de exportaciones y riqueza nacional.

Precisan que esas nuevas entidades no deben convertirse en fuentes de trabajo público que incremente la burocracia, ya que por el carácter eminentemente técnico operativo que deben tener esas entidades, se prevé que demanden poco personal, aunque sí altamente especializado. En razón de ello, consideran inconstitucional la disposición quinta del proyecto de ley que obliga a la APN y a las APR a contratar preferentemente a los ex trabajadores de Enapu, en detrimento de los demás peruanos que por sus calificaciones y méritos pueden acceder a esos puestos de trabajo.

Directorios

Los gremios consideran fundamental la presencia del sector privado en los Directorios de la APN y de las APR ya que ello garantizará el desarrollo eficiente de los puertos y servirá de garantía para atraer la inversión privada que se requerirá, asegurándose, en consecuencia, la mejora de la competitividad del comercio exterior peruano.

Agregan que sus observaciones respetan las atribuciones de Ositran como la entidad responsable de establecer y/o supervisar las tarifas portuarias que no se brindan bajo condiciones de libre competencia y el cumplimiento de los compromisos contractuales.

Asimismo indican la necesidad de la presencia de Proinversión como la entidad asesora para todo lo relacionado a los compromisos contractuales que las Autoridades Portuarias celebran con el sector privado e, igualmente, destacan la necesidad de respetar la legislación ambiental vigente.