Peru - Hallan irregularidades en resolucion emitida por ex ministro de Pesqueria, Eduardo Iriarte

jueves 4 de diciembre de 2003

LIMA.- La subcomisión investigadora, presidida por el congresista Iván Calderón Castillo (Somos Perú), confirmó ayer una serie de irregularidades en la citada norma, las mismas que pasan no sólo por infringir el ordenamiento jurídico pesquero y administrativo, sino también por ser contraria a la Ley General de Pesca.

El informe final fue presentado para su debate ante la comisión de Producción y Pymes que preside el congresista Víctor Manuel Noriega, siendo aprobado por amplia mayoría.

Como se recordará, al legislador Calderón Castillo se le encargó investigar si hubo o no irregularidades en la puesta en vigencia de la resolución ministerial N° 242-2003, publicada el pasado 27 de junio de este año, en el último día de gestión del ministro de Pesquería, Eduardo Iriarte. Esto en base a la denuncia realizada por el ex ministro de Pesquería, Juan Rebaza, al sostener que la citada norma fue dictada para otorgar excepciones a empresas pesqueras, en especial las de grupo Fierro, en razón a que ese grupo financió la campaña electoral del FIM en los comicios presidenciales.

Según Calderón Castillo, una de las primeras conclusiones a la que llegó su grupo de trabajo es la existencia de irregularidades en el artículo 2 de la citada resolución ministerial, "al no haber sustento legal válido para lo dispuesto en el mencionado artículo porque el deber de la defensa del medio ambiente no admite excepciones".
Explica que el citado artículo de la de la resolución ministerial que firmó Iriarte, exceptúa la prohibición del traslado físico o cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el desarrollo de actividades de consumo indirecto, a todas las empresas que formen parte de proyectos de inversión pesquera en su propósito de propiciar la industrialización de los recursos marinos, como el atún y especies a fines con ciertas condiciones establecidas en la resolución.

Dijo que, en resumen, esta excepción ha sido dictada infringiendo el artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos General. "Por todo lo expuesto es que en nuestro informe recomendamos derogar la resolución ministerial N°242 y sus especificaciones", aseveró.

Finalmente, otras de las conclusiones de este revelador informe señala que esta norma en nociva no sólo porque incrementa la explotación de atún en manera indiscriminada, sino porque además permite el desarrollo de una sobreexplotación, pues tienen la potestad para procesar 200 toneladas por hora.

"Lo más alarmante es que la norma fomenta el incremento de la contaminación en zonas saturadas como son Tierra Colorada y el Puerto de Paita (Paita), Bayóvar (Sechura) y en el distrito de Coishco (Ancash)", sentenció el congresista.