Fuente: El Peruano, Lima

Peru - Limpiaran bahia de Paracas con ingresos de Camisea

ANUNCIA MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, HANS FLURY

viernes 12 de septiembre de 2003

Influirá en la mejor preservación de recursos biológicos propios de la zona

La instalación de la planta de fraccionamiento en la playa de Lobería
(Paracas) para el tratamiento del gas de Camisea constituye una gran oportunidad para que, con los ingresos que se obtengan por la comercialización del recurso, se proceda a una exhaustiva limpieza de la bahía, informó el ministro de Energía y Minas, Hans Flury Royle.

El funcionario aseguró que, durante muchos años, la bahía de Paracas careció de un mantenimiento adecuado, pues no se contaba con los recursos económicos para esta labor.

"Ahora, Camisea hace realidad esa limpieza. Esto no sólo influirá en una mejor preservación de los recursos ecológicos ubicados en esa zona, sino también en mejorar las condiciones sanitarias de las personas que viven en ella."

Flury manifestó que la empresa Perupetro no intercedió, bajo ninguna forma, en la decisión de Techint de cambiar el lugar de ubicación para la construcción de la planta de fraccionamiento (inicialmente, se había elegido Pampa Clarita).

"Todo inversionista tiene derecho a elegir el lugar que crea conveniente para el desarrollo de sus inversiones. Además, la nueva zona (playa Lobería) fue evaluada exhaustivamente por las autoridades peruanas. Al cumplir con los requisitos exigidos por nuestra legislación, se ha determinado que el cambio es viable."

Combustibles

Por otro lado, el titular del MEM precisó que el establecimiento de los precios de los combustibles en el mercado local se efectúa en función de bandas de precios por ciertos pedidos.

"No se puede hacer cambios diariamente. Es responsabilidad de cada una de las empresas (Petroperú y
Repsol-YPF) establecer el precio que, de acuerdo con sus cálculos, es correcto para la venta al público."
En ese sentido, refirió que la labor del Estado se concentra en dos aspectos. El primero relacionado con el control y verificación de la salud económica de las empresas participantes y, en segundo lugar, que no exista concertación ni arreglo de ningún tipo que afecte al público por el establecimiento de estos precios.