Peru - Nueva ley de puertos debe ser fruto del consenso

Cámaras de Comercio piden máximo apoyo para comisión que elabora

lunes 15 de abril de 2002

La nueva ley de puertos debe ser el resultado del más amplio consenso de la
comunidad portuaria y en este sentido todos los sectores involucrados como
el Ejecutivo, el Legislativo, empresarios, usuarios, trabajadores y los
partidos políticos, tienen la obligación moral de hacer los esfuerzos
necesarios para permitir que la posición de cada grupo colectivo se
aproximen a la posición de la mayoría dijo Samuel Gleiser Katz, presidente
de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios.
Agregó que incluso y si fuera necesario abdicar de alguna posición habría
que hacerlo en la comisión que elabora el anteproyecto, si ello contribuye a
que la ley llegue a buen puerto por el bien del desarrollo de la actividad
portuaria y del país que realmente necesita de una ley de puertos con
urgencia.
En relación al estado y condición de los puertos, mencionó que durante la
última década el Estado, dentro de las responsabilidades del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), que tiene a cargo la administración de
los puertos, no ha realizado ninguna inversión significativa en
infraestructura en los puertos del país, como si lo ha hecho con la
infraestructura de carreteras, básicamente con el argumento, permanente, de
una próxima ejecución de un programa de concesiones o privatizaciones que
nunca se cumplió.
Este hecho debería de ser corregido de manera inmediata y asignarle una
proporción razonable del presupuesto correspondiente a la dirección de
infraestructura del MTC para mejoras en los Puertos, independientemente de
los avances que se hagan en las concesiones de los mismos.
Igualmente, el presidente de la CNC mencionó que es de esperar que la nueva
ley sea una norma moderna, propia del 2002, que dentro del retraso que
tenemos como país al no tener aun una ley de puertos, ahora que se ha tomado
la decisión de hacer una, se tome la ventaja de las experiencias de otros
países y se aplique los conceptos más modernos posible, de tal forma que
permita y facilite que los puertos peruanos puedan realizar actividades
propias de los puertos de tercera y cuarta generación.
De este modo, los nuevos puertos deben desarrollar actividades logísticas
que le den valor adicional y agregado a la simple carga y descarga de las
naves, permitiendo la descarga, reembarque, cambio de destino, estadía y
eventual transformación de cargas, productos y equipos en los puertos y que
empecemos a pensar y mirar ya no solo en la infraestructura de carreteras
sino también en la infraestructura portuaria, dijo.
Asimismo, sostuvo que la ley debería permitir y fomentar que los equipos y
maquinaria que fueran necesarios para mejorar las diversas actividades
portuarias puedan ingresar a los recintos portuarios, libres de impuesto
siempre que las mismas sean dedicadas a la actividad portuaria y se empleen
dentro de la jurisdicción de los puertos, para así facilitar y permitir la
modernización de las actividades portuarias.
Estimó que es importante que la ley contemple una Autoridad Portuaria sólida
y fuerte, con una adecuada capacidad de ejercer el control de las
actividades vinculadas a los puertos, de tal forma que las diferentes
entidades del Estado, los usuarios y los prestadores de servicios, tengan
claro que una única autoridad es la responsable de normar, controlar y
coordinar las actividades correspondientes a la jurisdicción de los puertos,
la que debe de comenzar en las boyas de los prácticos y abarcar hasta el
limite o linderos físicos de los puertos, incluyendo futuras posibles
expansiones.
Funciones
La Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios enfatiza que una
autoridad fuerte, que cuente con la participación y el apoyo de los usuarios
y que provenga de una ley de consenso tendrá además la suficiente capacidad
moral para evaluar y cumplir adecuadamente con las funciones que se le
asignen, entre las cuales a no dudar estará el análisis, desarrollo y
ejecución de la programación portuaria incluyendo la gestión y ejecución del
presupuesto correspondiente a las mejoras en inversiones que le
correspondería al Estado.
Pero asimismo para evaluar las actividades que corresponderían al sector
privado si fueran necesarias, en cuyo caso se tendrá que analizar y definir
las mejores alternativas de participación, de las muchas que hay, de las
empresas privadas para así llevarlas acabo, afirma.
Al respecto, mencionó, que es claro que para lograr una autoridad portuaria
con una capacidad adecuada, como la mencionada, es fundamental que el Estado
y sus instituciones hagan un esfuerzo importante para aceptar y entender que
una actividad como la portuaria no puede seguir manejándose con la gran
dispersión de autoridades que regulan y norman en diversos aspectos.
"Debe tenerse en cuenta que la superposición de jurisdicciones y la
multiparticipación de autoridades no abona en favor del fomento de la
actividad y por lo tanto los diversos sectores del gobierno deben de apoyar,
propiciar y facilitar que se cedan y transfieran las funciones y capacidades
necesarias a una única autoridad que concentre el control de la actividad
portuaria", culminó.