Peru - Proyecto de Ley de Puertos es observado por el sector empresarial

viernes 20 de diciembre de 2002

TAL COMO ESTÁ NO FACILITA COMERCIO EXTERIOR NI COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

Las asociaciones empresariales representativas de los gremios que agrupan a los dueños de cargas de exportación e importación, usuarios y proveedores de servicios marítimos portuarios y titulares de puertos privados, pusieron en conocimiento de la opinión pública su posición con relación al proyecto de Ley Nacional de Puertos aprobado por la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.

Conforme lo manifiesta el sector privado representado en Conudfi, Adex, Comex-Perú, CCL, SNI, SNP, SNMPE, AAAP y la Cámara Nacional de Producción, Comercio y Servicios, gremios que han presentado una propuesta conjunta, el proyecto de Ley de Puertos es una propuesta que, si se convierte en ley el dictamen de la citada comisión del Congreso, tal como ha sido aprobado, perjudicará los esfuerzos destinados a facilitar el comercio exterior peruano, a fomentar las inversiones y a lograr la necesaria reforma de los organismos públicos encargados de organizar y controlar el Sistema Portuario Nacional.

Los gremios señalan que el dictamen, en lugar de perfeccionar el anteproyecto elaborado por la Comisión Multisectorial, produciría una norma que constituirá un obstáculo para el desarrollo y la modernización de los puertos.
ALTERNATIVA

En razón de ello, los gremios citados han elaborado un documento que es el resultado del consenso logrado en el sector privado y que contiene las observaciones sustanciales y propuestas de cambios concretas que deben ser incorporadas al dictamen de la Ley de Puertos de la comisión de Transportes y Comunicaciones a fin de hacerlo viable y compatible con el modelo económico vigente, documento que se ha trabajado siguiendo las recomendaciones establecidas por la UNCTAD, el Banco Mundial y la Comunidad Económica Europea, tal como se aplican en los países que buscan la competitividad de sus puertos.

Los gremios sostienen que mediante este dictamen se pretende regular de una manera no moderna el comercio internacional, impidiendo que éste se rija por las leyes de libre mercado y por acuerdos y/o tratados internacionales basados en las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de Comercio.

Asimismo, refieren que, mediante una ley nacional, no se puede influir en las tarifas o pretender mejorar la calidad de los servicios portuarios, ya que tales factores deben ser el resultado del establecimiento de un sistema portuario con un control público simplificado y único que actúe respecto de las naves y la carga que transita o se almacena en los recintos portuarios (criterio de ventanilla única), incorporando en todos los actos administrativos y de comunicación el uso obligatorio de medios electrónicos.

LA PARTICIPACIÓN PRIVADA

Indica también que el fomento de una participación decisiva del sector privado, que es la fuente más importante del crecimiento económico nacional en la realización de actividades y servicios portuarios, sólo se logrará si se reforman las instituciones públicas y privadas que actualmente tienen injerencia en el acceso de las naves a los puertos.

"De nada sirve tener puertos públicos con tarifas portuarias bajas si el ingreso y estadía de las naves resulta oneroso, complicado y sujeto a disposiciones que desconocen los avances tecnológicos en materia de operación de naves comerciales, provocando que las exportaciones generadas en las regiones no se puedan despachar desde los puertos más cercanos a las zonas de producción, sino que deban utilizar el puerto del Callao, encareciendo nuestra oferta exportable y haciéndola menos competitiva", puntualizó.