Perú - SNP Responde: Precisiones sobre la Ley de Cuotas Pesqueras

martes 1 de mayo de 2018

Perú - SNP Responde: Precisiones sobre la Ley de Cuotas Pesqueras

Persisten algunas confusiones y mitos en torno a la Ley de Cuotas de Pesca que es oportuno precisar.

Fecha martes 1 de mayo del 2018

No es verdad, como se señala en un artículo de opinión publicado el lunes en Expreso, que seis pesqueras controlen el 93 % de las cuotas. Existen en total 411 empresas armadoras que tienen un porcentaje de la cuota de pesca de anchoveta. La más grande está por debajo del 17 %, la segunda 14 % y las que les siguen están por debajo del 8 %.

Es un error, por lo demás, considerar a la SNP como una empresa. Se trata de un gremio que agrupa empresas independientes que compiten entre sí.

Tampoco es verdad que este año venza el sistema de cuotas de pesca. Se trata de una Ley de Ordenamiento Pesquero que no tiene plazo de vencimiento.

Es importante recordar que la pesquería de anchoveta fue declarada “plenamente explotada” en 1997. Desde entonces se dejaron de expedir licencias de pesca de anchoveta para asegurar la sostenibilidad de la especie. La libre compra y venta de embarcaciones con permiso vigente garantizó el acceso y la salida del mercado. En 2008 la Ley de Cuotas estableció un porcentaje máximo de captura de la Cuota Global de pesca por cada embarcación. El método de asignación de cuota se hizo respetando licencias vigentes y récord histórico de desembarque de cada embarcación.

Hay que recordar, además, que existen contratos de estabilidad firmados con varias empresas que, si bien tienen vigencia de 10 años, vencen recién entre 2020 y 2026. Independientemente de ello, la Ley General de Pesca establece que los permisos de pesca vigentes no caducan salvo incumplimiento legal flagrante del armador.

No respetar los contratos y licencias de pesca vigentes sería una expropiación y favorecería únicamente a empresas extranjeras que tienen el poder económico para hacerse de la mayor parte de la cuota.

La propia FAO resalta que los Estados deben “dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia”, como lineamiento para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y por tanto la seguridad alimentaria futura.

Se aduce, finalmente, que se paga muy poco por el derecho de pesca. Lo cierto es que el pago por derechos de pesca es solo 27 % de los aportes del sector al Estado. El otro 73 % corresponde a aportes extraordinarios que en otros países forman parte del derecho de pesca. Un análisis comparativo realizado a fines del año pasado por Ernst & Young concluye que las cargas tributarias y obligaciones legales sobre la utilidad operativa son mayores para las empresas pesquera (50 %) que para la minería (47 %), siendo los peces un recurso renovable.

Hoy debería preocuparnos extender el uso de cuotas individuales a otras pesquerías peruanas, a fin de lograr similares avances de sostenibilidad a los logrados con la merluza y la anchoveta.