Pesca - La pesca congelada divide a los sindicatos de la estiba gallega

jueves 26 de junio de 2003

UGT teme que los armadores desvíen sus descargas a puertos que no sean de interés general

M. Gago / E. Abuín (Redacción)

La descarga de la pesca congelada se ha convertido en uno de los campos de batalla sindical en relación con el proyecto de ley donde se reforma la actividad portuaria. El secretario federal del sector estatal de Puertos, Aduanas y Consignatarias de UGT, Eladio Carrera, señaló ayer en Marín que este puerto y el de Vigo serán los que más sufrirán la aplicación de la ley propuesta por el Gobierno central en relación con esta mercancía.

La pesca congelada se liberalizó en 1994 por un decreto ley, pero la propuesta actual del Gobierno del PP plantea incluirla de nuevo en las tareas del servicio de estiba. Es en la forma en que se llevará a cabo este rescate, la aplicación de las tarifas y sus repercusiones, en donde se encuentra el punto principal de la polémica. UGT cree que este rescate de la pesca congelada como servicio público está diseñado de tal forma que podría ser una «argucia» de la iniciativa privada para subir los precios de los productos, al presuntamente encarecer la descarga.

Eladio Carrera explicó que, si esta situación se produjese, los empresarios podrían desviar los cargamentos de pesca congelada a los puertos que son competencia de la comunidad autónoma. Esta posibilidad tendría consecuencias graves para los puertos de Marín y Vigo, que controlan los desembarcos de esta mercancía en el noroeste peninsular.

El portavoz de UGT aseguró que los puertos que no son de competencia estatal pueden ofrecer servicios «más baratos, sin regulación y sin estibadores, ni prestación directa». Para Carrera, si esta situación llegase a ser realidad, sólo se beneficiarían los empresarios, con los perjuicios para los trabajadores de la estiba y los consumidores.

No lo ven así CC. OO. y CIG, que aplauden el regreso de la pesca congelada a la estiba. Eso sí, comparten la afirmación de UGT de que «no avalaremos ninguna ley que no reserve la titularidad pública de los servicios y excluya expresamente la autoprestación, a la espera de la normativa pendiente de aprobación por la UE», dijo Carrera.