Argentina - EJF evidencia la mala praxis de buques asiáticos en la milla 201 argentina y la competencia desleal con la flota europea que cumple las normas

Foto: EJF

miércoles 17 de septiembre de 2025

Argentina - EJF evidencia la mala praxis de buques asiáticos en la milla 201 argentina y la competencia desleal con la flota europea que cumple las normas

La ONG alerta sobre la sobrepesca del calamar en el Atlántico sur, la vulneración de los derechos humanos y los abusos medioambientales

17/09/2025
Industrias Pesqueras, Vigo
https://industriaspesqueras.com/noticia-86436-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca

Environmental Justice Foundation (EJF) ha lanzado hoy la campaña “La cara oculta de la pesca del calamar importado” en la que pone en evidencia la sobrepesca de esta especie en el Atlántico sur y los efectos colaterales, léase abusos ambientales y sociales. La investigación de EJF se ha realizado en la “milla 201” donde operan en torno a 343 buques poteros, el 75 % abanderados en China, el 18 % de Taiwan y el 7 % de Corea del Sur; si bien el 91 % del esfuerzo pesquero lo ejecutan los buques chinos, mientras que en la zona interna de Argentina operan unos 70 buques poteros que se someten a regulaciones. “El esfuerzo en la zona no regulada es cuatro veces mayor que en la regulada”, ha señalado Jesús Urios, responsable de Políticas Oceánicas de Envinromental Justice Foundation (EJF).

En el marco de esta misma campaña, EJF reclama al Gobierno español a que actúe ante el colapso al que se puede estar enfrentando el calamar argentino (Illex argentinus). La petición se enmarca en el hecho de que “España –segundo mayor importador de calamar y sepia del mundo, y el principal punto de entrada de estos productos en la Unión Europea– está en una posición única para liderar con el ejemplo” desde el punto de vista del mercado ya que en su investigación la ONG reconoce que los buques europeos “operan en el Atlántico suroeste, bajo estricta normativa de la UE y nacional, con observadores a bordo y planes de gestión aprobados por las autoridades”.

“La sobrepesca y la crisis climática están añadiendo una enorme presión sobre esta especie clave mientras que los responsables, mayoritariamente procedentes de China, cometen abusos de derechos humanos con impunidad. Un colapso podría suceder con mucha rapidez, generando un impacto en cadena en la vida marina. Los gobiernos deben actuar ahora para añadir regulación, transparencia y responsabilidad a esta pesca sin ley"

La organización pide a España que actúe con urgencia parar revisar y reforzar los controles de importación de calamar, con foco en especies vinculadas a pesquerías no reguladas, empezando por el calamar argentino. Ya que, la entrada de producto procedente de pesquerías no reguladas en España genera una competencia desleal para los buques españoles que operan en el estricto marco legislativo. Asimismo, EJF insta al Gobierno español a que aplique y amplíe, en coordinación con la Comisión Europea, los criterios de verificación de riesgos del reglamento europeo contra la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada) para que cubran también las pesquerías no reguladas. Y aumente las solicitudes de verificación, inspecciones e investigaciones de los envíos de calamar en los casos en que existan altos riesgos de pesca ilegal o trabajo forzoso.

Otro de los aspectos en los que EJF considera que el Gobierno español debe actuar es en prevenir el “control shopping” en la UE mediante una supervisión armonizada en todos los Estados miembros y en reforzar la cooperación operativa entre las autoridades de control españolas y los buques con bandera española que operan en el Atlántico suroeste. Por último, la organización no gubernamental pide que se mejore la transparencia y la rendición de cuentas de las actividades de pesca de calamar, incluso mediante la adhesión y la implementación de la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca. “Estas medidas son críticas para prevenir que productos del mar vinculados a trabajo forzoso y a prácticas de pesca ilegales entren en el mercado local y en el mercado europeo”, apunta. En este sentido, EJF denuncia que el calamar de pesquerías no reguladas del Atlántico suroeste (Illex argentinus o pota argentina) llega a España a través de los puertos de Valencia, Bilbao, Vigo, Algeciras y Barcelona, y se destina tanto al consumo doméstico como a la reexportación a la Unión Europea.

“España no puede seguir siendo la puerta de entrada de productos del mar vinculados a abusos laborales, sobrepesca y prácticas pesqueras ilegales”

“España no puede seguir siendo la puerta de entrada de productos del mar vinculados a abusos laborales, sobrepesca y prácticas pesqueras ilegales” ha afirmado Jesús Urios Culiañez, responsable de políticas oceánicas en EJF. “Hacemos un llamamiento al gobierno español para que refuerce los controles de importación, empezando por el calamar argentino, implemente con agilidad los principios de la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca y utilice su posición estratégica dentro de la UE para impulsar un cambio más amplio en el plano internacional. Se trata de derechos humanos, sostenibilidad y competencia justa para nuestra flota.”

La investigación multianual de EJF incluye 169 entrevistas con tripulantes indonesios y filipinos a bordo de 110 buques poteros, resultados de la monitorización en el mar de las flotas de aguas distantes en la milla 201 junto con la Guardia Costera argentina, y el análisis de imágenes por satélite de una flota tan extensa que es visible desde el espacio. Las pruebas revelan violaciones de derechos humanos y casos de trabajo forzoso: violencia física, intimidación, jornadas laborales excesivas y deducciones salariales ilegales. Casi dos tercios de los buques poteros chinos estuvieron vinculados a muertes o agresiones físicas a bordo. La tripulación también describió prácticas de pesca ilegal, como el aleteo de tiburón o la ocultación de la identificación de los buques, y la matanza deliberada de mamíferos como los lobos marinos sudamericanos.

Los datos de la organización indican que entre 2019 y 2024, las horas de pesca en la región de la flota potera china aumentaron un 85 %, incluso cuando las capturas mostraban señales alarmantes de disminución. En contraste, alrededor de 30 arrastreros españoles también operan en el Atlántico suroeste, bajo estricta normativa de la UE y nacional, con observadores a bordo y planes de gestión aprobados por las autoridades. La entrada de productos procedentes de pesquerías no reguladas en España genera una competencia desleal para estos buques. “Sin medidas urgentes, nos acercamos al desastre”, ha señalado Steve Trent, CEO y fundador de la Environmental Justice Foundation. “La sobrepesca y la crisis climática están añadiendo una enorme presión sobre esta especie clave mientras que los responsables, mayoritariamente procedentes de China, cometen abusos de derechos humanos con impunidad. Un colapso podría suceder con mucha rapidez, generando un impacto en cadena en la vida marina. Los gobiernos deben actuar ahora para añadir regulación, transparencia y responsabilidad a esta pesca sin ley".

ARVI ABOGA POR UNA NUEVA ORP
En relación con esta campaña, la Cooperativa de Armadores de Vigo emitió un comunicado hace unas semanas en las que recordaba que “las flotas de empresas españolas, tanto de buques con bandera española como con las de países del área del Atlántico SW, operan de forma respetuosa respecto a las vigentes medidas tanto de carácter medioambiental como social”. En esta línea, Arvi coincide en la necesidad de que se adopten las medidas precisas que” de forma eficaz eviten la entrada de productos pesqueros obtenidos mediante trabajo forzoso y malas praxis medioambientales”, y en el caso del Atlántico sudoccidental son los que capturan las flotas de capital asiático que operan en el área. Además, la Cooperativa se muestra totalmente favorable a que en el Atlántico sudoccidental se den los pasos necesarios para “la creación de una Organización Regional de Pesca que pueda gestionar de forma sostenible toda la actividad pesquera”. Con relación a este punto, Jesús Urios recuerda las dificultades geopolíticas que traban la puesta en marcha de esta ORP pero sí confía en que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo que marque las pautas de gestión en la zona.