Fuente: Dialogo Americas, Doral

EE.UU. - El oscuro comercio de macroalgas: empresas chinas blanquean extracción ilegal en Perú

martes 6 de enero de 2026

EE.UU. - El oscuro comercio de macroalgas: empresas chinas blanquean extracción ilegal en Perú

El comercio ilegal de macroalgas erosiona la soberanía marina de Perú. Las empresas chinas ignoran las normas y facilitan la recolección ilícita de recursos marinos, causando daños ambientales a lo largo de la costa.

diciembre 28, 2025
Dialogo Americas, Doral
https://dialogo-americas.com/es/articles/el-oscuro-comercio-de-macroalgas-empresas-chinas-blanquean-extraccion-ilegal-en-peru/

Dos empresas de capital chino, Globe Seaweed International S.A.C. y Algas Sudamérica S.A.C., han convertido a las costas peruanas en el epicentro de un comercio multimillonario de macroalgas hacia Asia, operando al margen de la ley.

Según una investigación de Mongabay Latam publicada en septiembre de 2025, ambas compañías extraen y exportan miles de toneladas de estas algas sin contar con las licencias industriales exigidas por la normativa nacional.

Esta red combina prácticas de extracción ilegal, “blanqueo ambiental” y la ausencia de fiscalización estatal, abriendo una brecha de impunidad en la exportación de un recurso clave para las industrias farmacéutica, cosmética, de fertilizantes y suplementos nutricionales.

El mecanismo del “blanqueo ambiental”

El “blanqueo” de macroalgas ocurre cuando los transportistas mezclan algas extraídas ilegalmente con aquellas recolectadas legalmente en las playas. El diario El Comercio ha revelado que algunas asociaciones pesqueras son cómplices de este esquema, alquilando sus certificados de procedencia para validar cargamentos ilícitos, enmascarando así el verdadero origen de los recursos.

“Es una estrategia que durante la historia del Perú se ha repetido en muchas épocas; China aprovecha recursos de un país en desarrollo como Perú, cómo ha ocurrido con recursos pesqueros, con recursos mineros y maderables, con el guano y con el caucho”, advirtió a Diálogo Antony Apeño, investigador y biólogo marino de la ONG peruana CooperAcción. “China ha puesto sus ojos en Perú como fuente de extracción de recursos, apoyado claramente en la reciente construcción del megapuerto de Chancay, parte de su estrategia de la Franja y la Ruta”.

El dominio chino y retos normativos

Entre enero y septiembre de 2025, Perú exportó más de 25 000 toneladas de macroalgas, de las cuales el 96 por ciento tuvo como destino China. Globe Seaweed International reportó ventas por USD 3.4 millones, mientras que Algas Sudamérica alcanzó casi USD 3 millones, de acuerdo al portal Agrodata Perú.

Esta demanda voraz ha puesto un fuerte estrés sobre los recursos marinos, particularmente de la región de Ica, donde ambas empresas chinas operan. Aunque técnicamente son privadas, estas entidades operan dentro del sistema chino de fusión civil-militar y adquisión estratégica de recursos, lo que significa que sus operaciones sirven inherentemente a los intereses industriales y geopolíticos a largo plazo del Partido Comunista Chino (PCCh). Compran algas a recolectores y pescadores artesanales. Esta práctica pone de relieve la dificultad de garantizar el cumplimiento de la normativa en toda la cadena de suministro y de certificar el origen legal de los recursos. Este sistema fomenta prácticas de extracción no reguladas que pueden ser devastadoras para el ecosistema, según informó el sitio de noticias peruano Eco Televisión.

La ley y su impacto local

La normativa peruana –incluyendo el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Macroalgas Marinas (ROPMM) y la Resolución Ministerial 264‑2009‑PRODUCE– establece que en los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna solo está permitida la recolección manual de algas varadas por acción natural del mar.

Sin embargo, la realidad dista mucho de la legalidad. La extracción bajo el agua con barretas o cuchillas, incluso mecánicas, es práctica común, y su aplicación en las vastas zonas costeras supone un importante reto logístico.

“En los últimos años las empresas chinas han fijado sus ojos en Perú, y lastimosamente han comenzado a realizar actividades económicas ilícitas, entre estas se han registrado pesca ilegal de calamar gigante, comercialización de aletas de tiburón, comercialización de pepinos de mar, y actualmente, comercio de macroalgas”, señala Apeño. Además, advierte sobre el impacto negativo de estas actividades en la pesca artesanal y en los recursos hidrobiológicos, vitales para las comunidades costeras.

Sanciones blandas y lagunas normativas

Ambas empresas arrastran antecedentes por sus malas prácticas. Algas Sudamérica fue multada en julio de 2025 con apenas USD 776 por recibir y procesar cargamentos sin demostrar su origen lícito, una infracción recurrente desde 2022.

Globe Seaweed International, por su parte, ha operado sin permisos válidos y acumuló multas en 2024 y 2025 por transportar macroalgas sin certificado de procedencia. En 2023, recibió una sanción de USD 8 000, que fue reducida a la mitad por beneficios legales, según reportó Infobae.

“Solo se permite recoger lo varado; sin embargo, se conoce que pescadores ilegales ingresan y cortan de manera irregular las algas, esperando que varen y recolectarlas”, advierte Apeño. “No solo aprovechan vacíos legales, aprovechan la inacción de los entes de fiscalización para impactar sin recibir ninguna sanción o sanciones blandas”.

Consecuencias ambientales y sociales

La extracción descontrolada de macroalgas ha generado conflictos entre asociaciones de pescadores, que en ocasiones han degenerado en enfrentamientos violentos por el control de las playas, según la Fundación Andrés Bello. Esto crea un vacío de seguridad que desestabiliza la gobernanza costera y facilita nuevas actividades ilícitas.

Mientras las macroalgas siguen saliendo en toneladas rumbo a Asia, la impunidad que hoy envuelve este comercio no solo erosiona los ecosistemas marinos, sino también la soberanía del país sobre sus propios recursos. En el fondo, el mar peruano está pagando el precio de un modelo que promete inversión extranjera, pero que exige un costo oculto: la cesión del control nacional.