Perú - El mar como desagüe y silencios oficiales

lunes 29 de diciembre de 2025

Perú - El mar como desagüe y silencios oficiales

Por Alfonso Miranda Eyzaguirre

27 Dic 2025
Expreso, Lima
https://www.expreso.com.pe/opinion/el-mar-como-desague-y-silencios-oficiales/?fbclid=IwY2xjawO_VWBleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETEzenVxQ3dhbWlxU2V1Y29Cc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhIAVdyIrH7rVFKQuWwSxc0D-0RCaPCaxImW07hKJCrQ5Qy07fivJIA66ZaH_aem_Oe8PSgq1Jm98akr89j_nqw

Lo que ocurre en la franja costera de Santa María del Mar y San Bartolo no debería sorprendernos, pero sí alarmarnos. No estamos ante un hecho fortuito ni frente a una simple falla técnica, sino ante un problema anunciado, reiteradamente advertido y, aun así, desatendido. El riesgo que hoy se cierne sobre el ecosistema marino costero es real, acumulativo y, de persistir, difícilmente reversible.

La operación de una caseta de bombeo que concentra los desagües del sur chico, bajo la administración de Sedapal y gestionada por una empresa concesionaria, ha generado episodios reiterados de descarga de aguas de desecho. Estos vertimientos son reconocibles por los olores putrefactos que invaden calles y viviendas, así como por registros audiovisuales que evidencian descargas prolongadas hacia el mar. Los vecinos no solo denuncian estos hechos, sino que los padecen cotidianamente. Algunos incluso se han visto forzados a desconectarse del sistema de alcantarillado, retornando a soluciones precarias, mientras continúan pagando por un servicio que no reciben en condiciones aceptables.

Este caso, lamentablemente, no es excepcional. Pese a la existencia de normas ambientales claras, todo el litoral peruano, así como ríos y lagos de la sierra y la Amazonía, se encuentran amenazados por vertimientos de aguas servidas, ya sean residuales o efluentes sanitarios. Se trata de una problemática estructural que compromete a millones de personas que habitan en distintas cuencas, desde pequeños balnearios hasta grandes ciudades, y que revela la sempiterna brecha entre la normativa vigente y su aplicación efectiva.

El impacto va mucho más allá de la molestia inmediata o del deterioro paisajístico. El borde marino costero es una zona crítica para la biodiversidad: allí se desarrollan procesos esenciales como el desove, la alimentación y el reclutamiento de una amplia variedad de especies marinas. La descarga continua de contaminantes orgánicos y patógenos altera estos procesos, debilita los ecosistemas y compromete la sostenibilidad de recursos que son parte central de nuestra economía y de nuestra seguridad alimentaria.

Resulta particularmente preocupante que estos hechos contrasten con estudios oficiales que respaldan sistemas de descarga como los emisarios submarinos. Informes especializados han advertido que las corrientes marinas no garantizan una dispersión segura de los efluentes si estos no se encuentran a la distancia técnicamente adecuada. En caso contrario, como el que se observa hoy, dichas corrientes facilitan su retorno hacia la franja costera. En ese contexto, insistir en descargas sin un control riguroso y permanente no solo es científicamente cuestionable, sino ambientalmente irresponsable.

Desde el punto de vista legal, el marco normativo es inequívoco. Los vertimientos de aguas servidas sin tratamiento adecuado están prohibidos, y las entidades responsables tienen la obligación de prevenir, fiscalizar y corregir cualquier afectación al ambiente y a la salud pública. Cuando las advertencias se repiten, la evidencia se acumula y las consecuencias se hacen visibles, la pregunta deja de ser si existe un problema y pasa a ser quién responderá por no haber actuado a tiempo.

Las autoridades ambientales cuentan con competencias claras y herramientas suficientes para intervenir. La inacción prolongada, la postergación sistemática o la desatención deliberada —que termina por normalizar lo irregular— generan responsabilidades civiles y penales. En un país donde el derecho a un ambiente sano está reconocido, tolerar la vulneración de ese derecho no debería considerarse otra cosa que, como mínimo, una forma de complicidad.

El daño ambiental deja de ser invisible cuando afecta la vida diaria de las personas y compromete el futuro de nuestros ecosistemas. Actuar ahora no es solo una exigencia ética; es un imperativo legal y una responsabilidad histórica. Ignorar el problema, en cambio, puede terminar teniendo costos que nadie podrá alegar que no fueron advertidos con suficiente anticipación.