Fuente: Expreso, Lima
Perú - El mar que paga y el MEF que resta
lunes 24 de agosto de 2026
Perú - El mar que paga y el MEF que resta
Por Alfonso Miranda Eyzaguirre
23 Ago 2026
Expreso, Lima
https://www.expreso.com.pe/opinion/el-mar-que-paga-y-el-mef-que-resta/
Cada vez que un armador industrial descarga anchoveta, jurel, caballa, atún, merluza o anguila, paga al Estado un derecho de pesca. No es un capricho recaudatorio, pues el artículo 66° de la Constitución establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y ese pago es la contraprestación por extraer un bien que nos pertenece a todos. La Ley General de Pesca y su Reglamento son claros respecto del destino del cobro: investigación científica, monitoreo de los recursos, vigilancia oceanográfica, sanidad pesquera, así como fiscalización y lucha contra la pesca ilegal. En otras palabras, las actividades del IMARPE, SANIPES e incluso del Ministerio de la Producción (PRODUCE) deberían recibir esos aportes.
En la práctica, ocurre algo distinto. Desde 2022, mediante el Decreto Supremo 043-2022-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redefinió los derechos de pesca como una “tasa” tributaria ordinaria y ordenó que se depositen directamente en la Cuenta Única del Tesoro Público. El resultado es que PRODUCE ya no retiene un sol de esos ingresos. Solo el 50% va al canon pesquero para gobiernos regionales y locales, y el otro 50% se diluye en la caja fiscal general. El artículo 27 del Reglamento de la Ley General de Pesca, que permite destinar hasta 25% de esos fondos a investigación, sigue vigente en el papel, pero es letra muerta: PRODUCE simplemente no tiene el dinero necesario.
El problema germinó en marzo de 2020, cuando el Decreto de Urgencia 033-2020 autorizó al MEF a apropiarse de los saldos de balance y recursos directamente recaudados de decenas de entidades públicas: “Para atender la emergencia del COVID-19”. Mediante el Decreto Supremo 181-2020-EF, PRODUCE transfirió S/ 45.9 millones y el IMARPE otros S/ 7.47 millones, dentro de un botín de más de S/ 2,042 millones, tomados de todo el aparato estatal. Han pasado más de seis años, la emergencia sanitaria terminó hace alrededor de un lustro, pero el dinero sigue sin volver al sector que lo genera y la burocracia se volvió parasitaria de él.
La cifra actual agrava el reclamo: solo en 2024 y 2025 la recaudación por derechos de pesca sumó cerca de S/ 236 millones. Y continúa aún la política de succión permanente de recursos hacia gastos corrientes ajenos al sector, que enfrenta carencias que claman por esa misma plata: un IMARPE con embarcaciones obsoletas para monitorear el mar durante la actual emergencia de El Niño y las especies de oportunidad, una flota artesanal en crisis crónica clamando por atención y una sanidad que hace milagros con presupuestos magros, impropios de una potencia pesquera que pretende diversificarse y llegar a todos los mercados del planeta.
Puede que la retención sea legal —amparada en decretos de urgencia y en la reclasificación tributaria de 2022—, pero legalidad no es lo mismo que legitimidad. Cobrarle a un sector por el uso de un recurso que es patrimonio de la Nación y luego negarle sistemáticamente ese dinero para investigar, promover y supervisar es una forma encubierta de tributación disfrazada de derecho administrativo.
El MEF no solo descapitaliza a PRODUCE: frena a un sector clave para el empleo, la seguridad alimentaria y las divisas del país. Como advirtió Montesquieu: “Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; va hasta que encuentra límites”. Urge que el Congreso, a iniciativa de su Comisión de Producción, detenga ese exceso y legisle para devolver estos fondos a quien realmente debe administrarlos: el sector pesquero, no la caja general del Tesoro.
