Fuente: Expreso, Lima

Perú - Legalizar la trampa: el “no” es la única opción

lunes 6 de abril de 2026

Perú - Legalizar la trampa: el “no” es la única opción

por Alfonso Miranda Eyzaguirre

4 Abr 2026
Expreso, Lima
https://www.expreso.com.pe/opinion/legalizar-la-trampa-el-no-es-la-unica-opcion/?fbclid=IwY2xjawRAfpdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKV2YxQ1Z4TGduUnAxa2Zqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHscUlF6mK2d2iYFQR1mZdpNOMpUFxrKtvn_GQxVF2BD4Fjtm1XTkTl1un0Nx_aem_tOXsn70uF-_rv9wp9xXbdA

En pleno contexto electoral, cierto sector del Congreso de la República parece haber encontrado el momento propicio para reactivar iniciativas que no suelen prosperar durante el quinquenio, debido al efecto de los reflectores en sus irregularidades. En medio de su desprestigio mayúsculo, esta vez vuelve a poner en agenda proyectos que tensionan abiertamente la legalidad y comprometen la sostenibilidad de un sector estratégico.

Se trata de iniciativas presentadas por los parlamentarios José Pazo y Jorge Marticorena, orientadas a “formalizar” embarcaciones construidas ilegalmente en astilleros clandestinos. No buscan corregir fallas del sistema, sino legitimar aquello que se concibió en contra de la ley.

Recordemos que, en 2018, mediante Decreto Legislativo 1392, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) implementó el Sistema de Formalización para la Pesca Artesanal (SIFORPA II), conocido como “REINFO Pesquero”. Este se estableció como un régimen extraordinario, excepcional y estrictamente temporal, vigente desde octubre de 2018 hasta julio de 2023. El proceso delimitó etapas precisas: inscripción, verificación de existencia por parte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), obtención de matrícula y acceso al permiso de pesca.

Durante su vigencia, permitió la formalización de más de 2400 embarcaciones artesanales. Cerca de 2000 expedientes fueron excluidos, al no demostrar la existencia real de las embarcaciones al momento de su inscripción, revelando intentos de forzar un beneficio sin sustento. Como en todo régimen excepcional, hubo quienes cumplieron las reglas y accedieron legítimamente al sistema, y quienes pretendieron aprovecharlo sin acreditar los requisitos mínimos. Es precisamente a este último grupo al que hoy se busca beneficiar por la vía legislativa.

Esto ya se intentó anteriormente: iniciativas similares, impulsadas por el mismo congresista Pazo en 2023 y 2025, fueron archivadas tras recibir opiniones técnicas desfavorables. PRODUCE fue categórico: el REINFO Pesquero cumplió su finalidad y su reapertura sería ilícita. Más aún, pesquerías como la pota y el perico se encuentran plenamente explotadas y no admiten nuevos actores. Por su parte, la DICAPI advirtió que la falta de verificación oportuna genera serias dudas sobre la existencia real de muchas embarcaciones, o sobre su construcción sin autorización. Los auténticos gremios artesanales, asimismo, son tenaces opositores de estos propósitos sospechosos e irregulares.

En este contexto, pretender reabrir un régimen extinguido hace un largo periodo no solo desordena el sistema, sino que transmite mensajes de inestabilidad y desaliento: no importan los plazos, las leyes son comerciables y la ciencia no tiene espacio en el debate.

La norma que irresponsablemente se pretende aprobar pondría en riesgo una pesquería clave que genera más de cien mil empleos y 1400 millones de dólares anuales en exportaciones. Reactivar el REINFO Pesquero implicaría, en los hechos, premiar la ilegalidad, la impuntualidad y la componenda. Además de generar un terrible precedente.

El Congreso no puede fingir desconocimiento frente a la creciente convicción ciudadana de que determinadas decisiones legislativas terminan favoreciendo circuitos donde operan intereses organizados al margen de la ley. Persistir en esta línea reforzará hasta el hartazgo esa percepción. Ningún parlamentario —menos aún quienes integran la mesa directiva— podrá luego alegar distracción por la campaña electoral. Aquí no hay margen para ambigüedades: votar a favor será, para la ciudadanía, una toma de posición inequívoca.

Como advirtió Montesquieu: “No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con la apariencia de justicia”. Legalizar lo ilegal, en casos como este, no lo convierte en legítimo: lo agrava. El proyecto en cuestión no resiste análisis técnicos ni jurídicos. Su único destino razonable —y políticamente responsable— es el archivo definitivo.