Perú - Peligro de extinción

lunes 18 de noviembre de 2024

Perú - Peligro de extinción

Por Alfonso Miranda Eyzaguirre

16 Nov 2024
Expreso, Lima
https://www.expreso.com.pe/opinion/peligro-de-extincion/?fbclid=IwY2xjawGoAyZleHRuA2FlbQIxMAABHQciNTePl-OTYoZ0vcke1OeMjFngoV-K_58qw7oXPkRAFF-Ro6J4P9Cpqg_aem_-QtUTDkigm5-xsoUzuaMEQ

La extinción de dominio es una herramienta jurídica que permite al Estado apropiarse de bienes, tanto muebles como inmuebles, que se sospecha provienen o han sido utilizados en actividades ilícitas. Regulada por el Decreto Legislativo 1373 de 2018, tiene como fin incautar recursos vinculados a delitos graves, como la minería ilegal, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas, terrorismo, lavado de activos y corrupción. Al bloquear las arterias financieras que sostienen a las organizaciones criminales, esta medida pretende reducir la incidencia de dichos crímenes, cortando de raíz sus fuentes de recursos.

El Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) ha recibido ya más de 6,000 activos gracias a esta norma, que en muchos casos ha sido aplicada con excesos, afectando a microempresarios, así como a pequeñas, medianas y grandes empresas. La Defensoría del Pueblo ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, argumentando que algunos puntos violan principios constitucionales fundamentales. Entre ellos destaca la vulneración del principio de no retroactividad, la falta de protección a terceros de buena fe y la inversión de la carga de la prueba en detrimento del investigado. Además, señala que atenta contra el derecho de propiedad y permite una investigación sin notificar al afectado hasta por seis años, comprometiendo la razonabilidad y proporcionalidad del proceso.

El impacto de estas medidas no se limita a la confiscación de bienes; conlleva también el quiebre de empresas y la pérdida de empleos formales para miles de personas. Así, bajo la mera sospecha de estar vinculados a delitos, sin garantías de un proceso justo, varios emprendedores han visto desaparecer sus propiedades. Mientras tanto, las actividades ilícitas que se pretendían combatir –minería ilegal, trata de personas, tráfico de drogas, entre otras– prosperan con una solvencia que desafía toda lógica. De hecho, estos negocios generan en conjunto más de 12,600 millones de dólares anuales, en una burla sorda y cruel a la normativa.

Ejemplos sobran para ilustrar esta situación: en la caleta El Ñuro, un vehículo refrigerado fue incautado por transportar 30 kilos de perico capturado incidentalmente en temporada de veda, con un valor inferior a 200 soles. Esta unidad, alquilada por los hombres de mar, tenía un valor de 50,000 soles y fue entregada a un municipio, lo que dejó a la comunidad pesquera de El Ñuro en la necesidad de endeudarse para reponer el bien expoliado. Otro caso es el del camión del señor Gerardo Panta Ruiz, que transportaba 241 kilos de pescado, avaluados en 1,000 soles. Tras ser intervenido en la Panamericana Norte, se le aplicó la extinción de dominio. Y así podríamos seguir, con historias que resuenan en un mismo eco de exageración y atropello, desdibujando la justicia.

Paralelamente, los trabajos ilegales parecen multiplicarse, más prósperos que nunca. Ejemplo de ello son los casi 100 astilleros clandestinos que fabrican embarcaciones sin regulación alguna, libres de toda fiscalización. Esto, a pesar de contar con el Decreto Legislativo 1393, de Interdicción, y la Ley 31982, que incorpora este delito al Código Penal y exige al Ministerio Público aprobar un protocolo de control que hasta la fecha sigue ausente. La nueva Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, enfrenta aquí un reto mayúsculo, pues es evidente que la normativa, por ahora, sirve más como espada sobre los vulnerables que como escudo ante los delincuentes.

Al final, el Estado parece empeñado en perseguir a los pequeños y medianos empresarios, a quienes asfixia con regulaciones que los condenan a la extinción, dejando así un terreno abonado para el crimen organizado. Un capítulo más en la larga lista de asignaturas pendientes.