Perú - Puerto de Chancay: Contraloría denunció a funcionarios que evaluaron estudio ambiental

lunes 28 de julio de 2025

Perú - Puerto de Chancay: Contraloría denunció a funcionarios que evaluaron estudio ambiental

Por Aramís Castro/ Gloria Ziegler

27.07.2025
Ojo Publico.com
https://ojo-publico.com/sala-del-poder/megapuerto-chancay-contraloria-denuncio-funcionarios-del-senace

La Procuraduría de la Contraloría denunció penalmente a seis trabajadores y extrabajadores del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) que evaluaron el estudio de impacto ambiental del Megapuerto de Chancay por presuntos delitos contra el medio ambiente. La entidad revisó cómo se aprobó una de las modificaciones del permiso —anterior a las obras irregulares en el túnel— y encontró que los funcionarios autorizaron la ampliación de la zona operativa, aunque Cosco Shipping no había subsanado observaciones técnicas del trámite ni había presentado un plan para compensar los daños ambientales ocasionados por el dragado del lecho marino. Según cálculos presentados por la Contraloría, esto puede acarrear una reducción en la diversidad de especies de entre 30% y 70%.

El 14 de noviembre de 2024, cuando Dina Boluarte y el presidente chino Xi Jinping inauguraron el Megapuerto de Chancay, las falencias en la supervisión ambiental al corazón del proyecto ya eran una bomba de tiempo.

Tres días antes, la Contraloría había detectado que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó una modificación del estudio de impacto ambiental sin que Cosco Shipping subsane observaciones técnicas ni presente un plan de compensación para los daños generados en las zonas donde dragó el lecho marino —extracción de suelo con maquinaria especializada—, ni para el lugar donde depositó el material, a 9,5 km de la costa.

Así consta en un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Senace —que depende de la Contraloría—, del 11 de noviembre de 2024. Tras revisar cómo se aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental detallado, el OCI recomendó a la Procuraduría que inicie acciones penales contra seis de los 16 trabajadores y extrabajadores del Senace que evaluaron y recomendaron la aprobación del permiso ambiental para la ampliación de la zona operativa portuaria, pese a todos estos problemas.

Entre los implicados están la exresponsable de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (DEIN) del Senace, el exlíder de proyectos de esa área, un especialista de evaluación ambiental y tres biólogos.

Todos ellos fueron denunciados, el 30 de abril pasado, ante el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima por presuntos delitos contra el medio ambiente, en la modalidad de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, confirmó la Contraloría a OjoPúblico. A la fecha, el caso se encuentra en investigación preliminar, de acuerdo a información a la que accedió este medio.

La Contraloría sostiene que los seis trabajadores y extrabajadores del Senace vulneraron múltiples normas ambientales".

Los hechos ocurrieron en 2020 —antes de las obras irregulares en el túnel—. Según la Contraloría, la aprobación del permiso en esas condiciones hizo que Cosco Shipping no asumiera compromisos específicos por la “afectación al componente ‘hidrobiología’ y al factor ambiental ‘ecosistema marino’” en un plan de compensación obligatorio.

Este medio le consultó al Senace por los hallazgos del órgano de control. Inicialmente, el área de prensa aseguró que responderían por escrito. Aunque el pedido fue reiterado en múltiples ocasiones a través de correos, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, eso no ocurrió. Cosco Shipping, mientras tanto, indicó que no brindaría declaraciones.

Las falencias detectadas por la Contraloría se suman a, al menos, otros cuatro hechos documentados por OjoPúblico. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la cesión de un área marítima intangible e “inalienable”, que, originalmente, estaba destinada a la defensa nacional, y la autorización para la exclusividad de los servicios esenciales por fuera del marco legal vigente en esa época.

A ellos se suman, la negativa de la empresa a someterse a las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) —lo cual derivó en un litigio— y la construcción del túnel, que conecta el complejo de ingreso del megapuerto con el área de operaciones, sin contar con un permiso ambiental específico y actualizado por parte del Senace.

Los nuevos hallazgos
En febrero de 2020 —un año después del ingreso de la empresa china Cosco Shipping Ports Limited al proyecto, y a escasos meses del cambio de nombre de la compañía local por el de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.—, los responsables de la obra presentaron un pedido ante el Senace para modificar el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto “Ampliación de la Zona Operativa Portuaria - Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”.

La solicitud incluyó, entre otras cosas, la incorporación de cuatro muelles, un patio para contenedores, la apertura de un área de dragado y de una zona de depósito para el material extraído del lecho marino; además de un dragado de mantenimiento, cada dos años.

Seis meses después, tras solicitar información adicional a Cosco Shipping y opiniones técnicas de diversas entidades, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (DEIN) del Senace emitió un informe que planteó 114 observaciones a los documentos presentados por la empresa.

El análisis de la Contraloría se centra en una de ellas —la N° 54—. El segundo extremo de la misma, señala el organismo, “está referido a la presentación de los impactos luego de aplicarse medidas de manejo ambiental (impactos residuales)” para “plantear el Plan de Compensación Ambiental”.

En otras palabras, Cosco Shipping tenía que precisar cuáles eran los impactos ambientales que ocasionaría, a largo plazo, el dragado y el vertido de ese material. Y, además, diseñar una estrategia de compensación. ¿En qué consiste esto? El biólogo Yuri Hooker explica que existen diferentes formas de compensar los daños ambientales.

“Una alternativa es crear las condiciones para que otro lugar de la zona asuma las características ecosistémicas del área afectada. Otra forma es proteger un sector con características similares a la del dañado, o financiar investigación o programas de conservación para ecosistemas que estén en los alrededores”. Dichos planes, detalló, son especialmente costosos, pues tienen carácter permanente.

El 6 de noviembre de 2020, luego de recibir documentos adicionales de la empresa, la DEIN emitió un nuevo informe. Dicha evaluación determinó que Cosco Shipping apenas había logrado sustentar 25 de las 114 objeciones planteadas originalmente.

Entre los aspectos que no superaron la revisión se encontraba la observación N° 54. Sin embargo, para la Contraloría esta supervisión fue deficiente: “[La empresa] no acreditó la subsanación de dicha observación en el segundo extremo, al no realizar la caracterización de impactos ambientales residuales en el marco de la evaluación de la compensación ambiental; a pesar de lo cual, la DEIN no emitió pronunciamiento sobre dicho extremo”, advirtió.

La empresa no presentó el plan de compensación para los daños generados con el dragado del lecho marino".

Cosco Shipping presentó nueva documentación ante el Senace. Pero “continuó sin acreditar su subsanación [de la observación N°54] en el segundo extremo”, aunque “declaró que el área de dragado se considera como un impacto no reversible y que se estima la pérdida de dicha área”, precisó la Contraloría.

Pese a eso, el 22 de diciembre de 2020, la DEIN presentó un informe final en el que concluyó que “las observaciones habían sido subsanadas en su totalidad”. Y, ese mismo día, el Senace emitió la resolución directoral que aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental detallado.

Todo esto, remarca el órgano de control, provocó que Cosco Shipping “no haya asumido compromisos de obligatorio cumplimiento considerados en un Plan de Compensación Ambiental” y, a la vez, limitó la fiscalización de la autoridad ambiental del sector “durante la construcción y operación del proyecto”.

OjoPúblico le consultó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por este tema. Aunque el informe de la Contraloría es público, la cartera alegó que no les habían remitido el documento y, por lo tanto, no podían emitir un pronunciamiento.

Los impactos
Cosco Shipping declaró que las actividades de dragado generarían 12 impactos ambientales negativos durante la etapa de construcción y operación del megapuerto. Los mismos están vinculados al componente “hidrobiología” y al factor “ecosistema marino”.

De ese total, nueve tienen una calificación de “alta” o “moderada”. Por lo tanto, según la Contraloría, “en un segundo momento” correspondió “evaluar tales impactos residuales en el marco de la compensación ambiental”, como había sido “contemplado en el segundo extremo de la observación N° 54” del primer informe de la DEIN.

Los impactos, precisa el organismo, están relacionados a la migración de peces, cambios en la demanda de oxígeno, interferencia en procesos respiratorios de los peces y destrucción de hábitats, entre otros. Todo ello implica una reducción significativa del número de especies, de la densidad poblacional y de la biomasa de organismos bentónicos (los que viven en el fondo del mar o cerca de él).

Daniel Cáceres Bartra, biólogo y representante para Latinoamérica de Sustainable Ocean Alliance (SOA), explicó que existe “la posibilidad de perder servicios [ecosistémicos] que la naturaleza ya daba, de manera gratuita”.

Según cálculos presentados en el informe de la Contraloría —y dependiendo de factores como intensidad del dragado, recolonización, reproducción y crecimiento de las comunidades que normalmente viven en esos hábitats—, esto puede implicar una reducción de entre 30% y 70% de la diversidad de especies, y de entre 40% y 95% del número de individuos en la zona.

Los implicados
Entre los funcionarios y exfuncionarios del Senace denunciados hay cuatro extrabajadores de la DEIN y dos biólogas que, a la fecha, prestan servicios en ese área. Todos ellos, de acuerdo a la Contraloría, vulneraron múltiples normas ambientales, obligaciones contractuales y parámetros técnicos del sector.

En el primer grupo se encuentra Paola Chinen Guima. Durante el proceso cuestionado, la ingeniera geógrafa se desempeñaba como directora de la DEIN. Desde ese cargo, dio el visto bueno a los dos informes que omitieron la evaluación del “segundo extremo de la observación N° 54” e, incluso, suscribió la resolución directoral que aprobó la modificación del estudio ambiental.

OjoPúblico intentó contactar a Chinen Guima —quien, a la fecha, se desempeña como responsable de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)— por correo electrónico y en su teléfono laboral, pero no contestó.

De igual modo, consultó al OEFA sobre potenciales conflictos de interés, dado su rol actual. La entidad aseguró, por escrito, que el área donde se desempeña “no tiene competencia ni intervención alguna en relación con el Megapuerto de Chancay”.

José Luis Untama Martínez es otro de los exfuncionarios señalados por la Contraloría. Según el organismo, como líder de proyectos de la DEIN, emitió y suscribió los dos análisis defectuosos. Al ser consultado por este medio, dijo que no podía “adelantar información”.

Wilmer Alexander Muñoz Ocampo —quien se desempeñó como especialista ambiental y de evaluación técnica y trabajo en campo— y la bióloga Natalia Calderón Moya Méndez completan el primer grupo.

Muñoz Ocampo fue uno de los autores del informe que omitió analizar la caracterización de los impactos residuales en el marco de la compensación ambiental y, además, suscribió el análisis final. Calderón Moya Méndez, en tanto, es coautora de los dos informes cuestionados.

OjoPúblico buscó sin éxito a Muñoz Ocampo, a través de sus redes sociales y en su nuevo empleo, en el sector privado. Lo mismo ocurrió con Calderón Moya Méndez, aunque se buscaron sus descargos por correo, redes sociales y en su actual trabajo, en el sector privado.

El segundo grupo está conformado por Julissa Arenas Espinoza y Vania Gasco Tafur. Ambas son biólogas y coautoras de los dos informes observados. Como en los casos previos, se buscaron sus comentarios, a través de redes sociales y en su centro de trabajo. Desde el Senace, aseguraron que brindarían una respuesta institucional y, también, a nombre de dichas trabajadoras. Nunca se concretó.